La institución que representa a más de 8.000 matriculados se sumó al rechazo al nuevo acuerdo propuesto por el Ejecutivo para extender el mandato del magistrado, que ya cumplió seis años en funciones.
El procedimiento participativo convocado por el Ministerio de Seguridad y Justicia para evaluar la eventual continuidad de Pablo López Viñals como juez de la Corte de Justicia de Salta sumó una nueva y dura objeción.
Esta vez fue el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, quien expresó su rechazo institucional a la postulación, argumentando que la renovación del mandato implicaría una violación expresa al artículo 156 de la Constitución reformada en 2021.
En una carta enviada al ministro Gaspar Solá Usandivaras, la entidad presidida por Sergio Daniel Díaz Lenes remarcó que la reforma constitucional de 2021 estableció que los jueces de la Corte deben ejercer por diez años y que ese mandato no puede ser renovado. Según el Colegio, este límite fue pensado para “preservar la independencia judicial, impedir la consolidación de poderes personales y asegurar la alternancia institucional”.
El escrito advirtió que renovar el mandato de López Viñals, quien ya lleva seis años en funciones, “superaría ampliamente el límite temporal” fijado por la norma, generando una incompatibilidad con la voluntad del constituyente.
