Robo de caños del gasoducto. Rentas ya había secuestrado un camión el 29 de enero por irregularidades en la documentación.

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El Director de Rentas de Salta Gustavo D´ Cceco a través de una resolución determinó liberar el camión y la carga por el solo hecho de que Prado haya presentado una resolución municipal que de ninguna manera lo acreditaba como propietario de los caños pertenecientes al Estado Nacional.

Es decir que, en enero, Rentas en Salta tuvo secuestrado el primer camión con caños robados del gasoducto por presentar el chofer un remito de Mendoza para transportar caños desde Salta a Buenos Aires.

 El programa de Jorge Lanata “Periodismo para Todos” que se emite por Canal 13 abordo este domingo el tema relacionado con el robo de 36 kilómetros de caños del gasoducto del nordeste argentino anunciado en 2012 por Cristina Kirchner pero que nunca fue concretado.

El gasoducto tenía previsto abastecer de gas natural a Salta, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y el norte de Santa Fe. Si bien comenzaron los trabajos, estos nunca terminaron y la obra fue abandonada con parte de los caños enterrados y otros apilados en distintos sectores del trazado.

Lanata recordó que en 2016 la obra había quedado abandonada y acusa al Intendente de Aguaray Jorge Prado de autorizar a una empresa de Mendoza desenterrar y llevarse los caños para terminar con el daño ambiental que causaban esos materiales abandonados en medio del campo.

La Dirección de Rentas secuestra un camión el 29 de enero del 2020

Con respecto al informe de Lanata en Canal 13, allí no se aclara que uno de esos camiones fue interceptado por un control de ese organismo concretado el 29 de enero 2020, y procedió al secuestro del vehículo y los caños por incongruencias con la documentación presentada por el chofer que no se correspondían con lo que estaba transportando. Es decir, ese mismo 29 de enero de 2020 los inspectores que estaban en el puesto de control de la Dirección de Rentas de Salta habían detectado algo anormal, que se convirtió días después en el descubrimiento del gran robo de los caños del gasoducto del nordeste.

El camionero había exhibido un remito de la empresa OSYP perteneciente al empresario Diego Andrés Alos, con domicilio en Mendoza. Eso determinó el secuestro del camión con los caños que transportaba ya que con un remito de Mendoza se estaban llevando ese material de Salta hacia Buenos Aires. De todas maneras, a los pocos días el Director de Rentas de Salta Gustavo D´ Cceco a través de una resolución determinó liberar el camión y la carga por el solo hecho de que Prado el Intendente de Aguaray haya presentado una resolución municipal que de ninguna manera lo acreditaba como propietario de los caños pertenecientes al Estado Nacional.

Además, hizo caso omiso al acta, en donde el remito procedente de Mendoza no habilitaba a la empresa a transportar caños desde Salta a Buenos Aires.

Cabe ahora determinar por el Juez si hubo negligencia de parte Director de Rentas al no considerar el acta elaborada por su propio organismo y facilitar así el paso de los camiones que estaban cometiendo un ilícito.

El robo comenzó a descubrirse el 7 de febrero es decir nueve días después que personal de Rentas ya había secuestrado un camión por irregularidades y que D’ Cceco lo libero a través de una Resolución. El 7 de febrero Sergio Fernando Figueroa, inspector de Empresa Integración Energética Argentina SA, denunció en la Sección Aguaray de Gendarmería Nacional que dos camiones transportaban caños de acero de 24 pulgadas pertenecientes al Gasoducto.

Cuando fueron detenidos estos vehículos, que llevaban “al menos” 30 caños, uno de los conductores mostró el documento que autorizaba el traslado, la resolución de Prado, y dijo que eran caños en desuso y abandonados.

La denuncia del saqueo estalla en marzo

“El saqueo se frenó en los primeros días de marzo, cuando se produjo el escándalo. Los caños son de propiedad del Estado Nacional razón por la cual el fiscal general Eduardo Villalba formalizó la imputación penal contra el intendente Jorge Enrique Prado; el secretario de Hacienda de Aguaray, Freddy Marcelo Céspedes, y el empresario Diego Andrés Alos, titular de la firma OSYP SA, la que fue autorizada por el jefe comunal a sacar los caños que pertenecen al Estado nacional. 

Además de la acusación penal, el jefe comunal corre el riesgo de perder el cargo, si es que prospera el proceso de juicio político que el Concejo Deliberante empezó a transitar, o si se avanza con la intervención en la Legislatura provincial. 

En una audiencia celebrada por video conferencia, A todos se les imputó el delito de “fraude en perjuicio de la administración pública”, que tiene penas de 2 a 6 años de prisión. “El Ministerio Público Fiscal imputa a los acusados el haber permitido la desafectación de bienes que no le son propios, pues entendemos que se autorizó la sustracción de los caños del Gasoducto NEA que pasan por el territorio del municipio de Aguaray”, sostuvo el fiscal cuando el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, le cedió la palabra. 

El Concejo Deliberante se reunió para comenzar a analizar su particular situación, en la cuerda floja a poco de asumir, por haber autorizado a una empresa, sin tener atribuciones para ello, la extracción de caños de la obra del Gasoducto del NEA. 

Al atardecer, El 23 de diciembre de 2019, Prado y su secretario de Hacienda firmaron la resolución 1215, por la que “resolvieron disponer en favor de la empresa OSYPSA SA, cuyo titular es Alos, los caños que eran parte del gasoducto que atraviesa ese municipio”, unos 35 kilómetros de caños. Villalba sostuvo que esta conducta “constituye un delito”, el previsto “en el artículo 174 del Código Penal, que establece el fraude a la administración pública por realizar actos en claro detrimento y perjuicio del Estado Nacional”.

El fiscal Villalba sostuvo que la resolución de Prado y Céspedes fue un detonante para que se cometieran estos actos. “El delito surge de este acto administrativo, en el cual se concreta la disposición de bienes ajenos, pues nadie puede disponer de algo que no le pertenece y más, cuando en realidad es propiedad del Estado Nacional”, aseguró. 

También insistió en que “esta maniobra se despliega apenas se produce la asunción del nuevo intendente”. “El mismo día que asume Prado ya aparece en escena Alos. Y lo hace con una nota con fecha del 10 de diciembre de 2019. Así, y cuando aún no se habían acabado de acallar los aplausos por la asunción del intendente, la nota que tenía como virtud facilitar la entrega de los caños es presentada formalmente”, destacó. 

En este contexto, para el fiscal, el 23 de diciembre Prado concretó su parte y emitió la resolución 1215/19, en la cual “se aducen razones ambientales (para extraer los caños, que estaban enterrados, como parte de la obra) que, aún en el caso de estar acreditadas o no, ello tampoco autorizaría a la disponibilidad de esos bienes”.

Precisamente, en la audiencia Villalba encabezó la actuación fiscal con la imputación al empresario Matías Rossi, presidente de la empresa CoMarfil SA, de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. El fiscal le endilgó los delitos de robo agravado y fraude a la administración pública por presunta participación en la sustracción de al menos 52 caños del Gasoducto que fueron secuestrados de instalaciones de su empresa, a donde habrían sido llevados usando documentación ilícita.

Los caminos conducen a Prado 

“Todos los caminos conducen a Prado”, sostuvo el fiscal Villalba al explicar las maniobras desarrolladas para robarse caños de la obra del Gasoducto del NEA. 

Los fiscales sostienen la hipótesis de que Prado es quien posibilitó la desafectación de los caños a partir de una resolución municipal, que luego fue usada para robarlos. En ese marco, Villalba solicitó el levantamiento del secreto bancario y fiscal respecto al intendente, y que se le prohíba salir del país.

El fiscal José Luis Bruno, de la sede descentralizada de Orán, imputó por robo calificado a cuatro nuevos implicados: Cristhian Marcelo Buczeck, encargado de la empresa Vera SA; Andrés Ayala, gerente de la firma Peterser SRL; Milton Rene Saavedra y Bruno Raúl Degoy, ambos socios de la firma MyP, ex WeatherFor.

Bruno sostuvo que estos cuatro hombres participaron de “las maniobras realizadas el 14 de abril pasado, que llevaron a la sustracción de 170 caños del gasoducto en el paraje El Desemboque, a 140 kilómetros de la localidad General Mosconi”.

El ex secretario de Hacienda de Aguaray, en cambio, reiteró que es inocente y responsabilizó a Prado. 

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