Ordenan la disolución de la red de inmobiliarias Re/Max por considerar “ilícita” su manera de operar

Fue denunciada por el Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios porteño en relación a su sistema de franquicia

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Remax: por qué ordenaron su disolución, cuál es la guerra judicial que se viene y cómo seguirá operando la red de inmobiliarias

La empresa aseguró que sus oficinas no dejarán de prestar servicio a sus clientes

El golpeado sector inmobiliario —que viene con más de dos años de caída interanual en cantidad de operaciones y un desplome histórico durante la cuarentena— se vio impactado en las últimas horas por una resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) que determinó que la cadena de inmobiliarias Remax ya no podrá operar en la Argentina.

Desde la empresa, que tiene presencia en la Argentina desde 2004, ya adelantaron que van a apelar la resolución. La IGJ es el organismo que regula y controla a las sociedades comerciales y con su decisión respondió a una denuncia del Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios porteño (Cucicba), que considera que Remax hace un “ejercicio ilícito” de la actividad inmobiliaria. La entidad agrupa a los profesionales inmobiliarios que operan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

La IGJ solicitó la disolución y liquidación de la empresa de servicios inmobiliarios. Pero el trámite no es automático ni sencillo: para que eso se concrete, el organismo deberá iniciar un juicio contra Remax en el fuero comercial. Y la empresa tiene ahora la posibilidad de apelar en la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, con un plazo estimado de 15 días.

¿Cuáles son los fundamentos de la decisión de la IGJ? El organismo consideró que no es lícito que la actividad inmobiliaria se desarrolle bajo un régimen de franquicias, ya que hay una franquicia internacional de primer grado que se otorgó a Remax Argentina y que luego se subfranquició a una red de agentes o corredores inmobiliarios.

“Es una persona jurídica que otorgó franquicias y subfranquicias. Pero para ejercer la actividad inmobiliaria tiene que ser una persona humana con la correspondiente habilitación profesional. Nadie puede transmitir un derecho que no tiene”, explicó a Infobae Manuel Cuiñas Rodríguez, subinspector General de Justicia.

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