Del informe de la Universidad Católica Argentina, con datos del tercer trimestre, surge que 20,3 millones de personas no pueden acceder a todos los alimentos básicos, al sistema de salud y a la vivienda digna. Unos 2,7 millones, a su vez, están sin empleo.
Dos días después de que un informe de la OCDE presentara la actualización del pronóstico de recesión en la Argentina, con la mayor baja entre los miembros del G-20, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina dio a conocer el “Informe de Avance: Deudas Sociales en la Argentina 2010-2020. Crisis del empleo, pobrezas y desigualdades estructurales en el contexto COVID-19”, el cual refleja los aumentos en las tasas de pobreza, indigencia y de desempleo en el cuatrimestre julio a octubre de este año.
Los números impactan por su crudeza y reflejan las consecuencias de la cuarentena, en medio de la pandemia y de un contexto económico que ya venía en caída, en las vidas de millones de argentinos y argentinas.
El relevamiento arrojó aumentos de la proporción de la población en estado de pobreza –por no contar con ingresos insuficientes para poder comprar la canasta básica de alimentos y servicios públicos y privados– de 40,8% en 2019 a 44,2% ahora. La cifra comprende a 20,3 millones de argentinos y argentinas, según la proyección al total de la población del país. En el caso del conjunto de los hogares, pasó de 32,1% a 34,9 por ciento. La brecha entre ambas proporciones responde a la mayor densidad demográfica en las familias con menores recursos monetarios.
Las cifras de desempleo, en tanto, subieron, según el informe del ODSA, en el tercer trimestre de 10,6% a 14,2%, cifra que se eleva a más del doble si se agrega el “efecto desaliento” a buscar trabajo. En términos de cantidad de habitantes significó pasar de casi 2,1 millones de desocupados a poco más de 2,7 millones.
Ambos indicadores de la difícil realidad social de la mayor parte de la población resultaron más altos que los anticipados por el Indec: 40,9% pobreza en el promedio del primer semestre 2020; y 13,1% desempleo en el segundo trimestre, principalmente por corresponder a “datos del cuatrimestre siguiente –julio a octubre–, y por efecto de ampliar la consulta a 30 partidos del Área Metropolitana del Gran Buenos Aires, seis más que los consultados por el organismo oficial de estadística”, aclaró Salvia.
“Las medidas de aislamiento obligatorio adoptadas generaron una crisis de oferta y demanda de bienes, servicios y mano de obra laboral, lo cual tendió a alterar la validez de indicadores clásicos utilizados para medir la condición de actividad, la pobreza por ingresos y las demandas de salud y educación, entre otras dimensiones”, resalta el trabajo de más de 250 páginas dirigido por Agustín Salvia, director del ODSA-UCA. La presentación final está prevista para febrero y marzo del año próximo.
Pobreza
El nivel de pobreza se elevó en mayor medida cuando en la medición se agregan indicadores no monetarios, como el acceso a la vivienda digna, servicios públicos esenciales de gas, medicina y medicamentos, educación, entre otros. En ese caso el ODSA arrojó una proporción de 27,3% de la población, casi 6 puntos porcentuales más que el año anterior, aunque en cantidad de hogares subió 2 puntos, de 18,8% a 20,8 por ciento.
Claramente, el aumento de la pobreza y del desempleo no es un fenómeno nuevo, pero en una economía que venía sin crecer en los últimos 10 años, de los cuales los dos últimos había ingresado en un proceso letal para para muchas familias con el paso a otra fase recesiva y aceleración de la inflación, no sorprendió que, con la irrupción del covid-19 y las medidas extremas de aislamiento social y suspensión de diversas actividades productivas y comerciales, se acentuaran las carencias en las distintas mediciones sociales. En particular, la denominada “inseguridad alimentaria severa” pasó de 7,4% de los hogares en 2019 (tras nueve años previos entre 5% y 6%) a 8,6%, y crece a 10,4% de la población, en la estimación para el corriente año.
Mientras que se mantuvo elevada en el salto a 21% del universo que no accedió a atención médica que se había producido el año previo, desde un rango de 14% a 17 por ciento.
