En una audiencia de formalización de la investigación penal dirigida por la jueza federal de garantías N°2 Mariela Giménez, la auxiliar fiscal Paula Gallo, de la Unidad Fiscal Salta, imputó ayer a las 18 a una mujer el delito de transporte de estupefacientes. De acuerdo a la exposición, diez horas antes la acusada, que viajaba de Salta a Tucumán, había sido detenida en el puesto fijo de control que Gendarmería Nacional posee en la localidad de El Naranjo, ubicado sobre la ruta 9/34 en Rosario de la Frontera.
La fiscal explicó que la mujer conducía una camioneta Fiat Toro y transportaba consigo a dos hijos, de 2 y 4 años. Los gendarmes comenzaron a revisar los papeles del vehículo, circunstancias en que notaron cierto nerviosismo por parte de la conductora. El personal le solicitó que ingrese el vehículo a la playa de control a fin de utilizar una rampa y someterlo a una requisa más profunda. Fue así como, al inspeccionar la parte de abajo del auto, se descubrió un compartimento extra.
Estaba ubicado entre el tanque de combustible y el soporte de la rueda de auxilio. Por una perforación, los uniformados pudieron advertir que en el interior había objetos cubiertos con una cinta de embalar amarilla, lo que confirmó la sospecha inicial. En virtud de ello, y ya con intervención de la fiscalía, se desmanteló el compartimento ante la mujer y testigos civiles. Se contabilizaron 75 paquetes, que al ser examinados se constató que contenían 62 kilos y medio de cocaína. La conductora quedó detenida.
Dada las circunstancias del hecho y la prueba reunida, la fiscal solicitó la formalización de la investigación penal por el delito de transporte de estupefacientes, a la vez que requirió un plazo para el caso de 60 días corridos y pidió autorización para una serie de pericias técnicas pendientes.
Arresto domiciliario
Al momento de referirse a las medidas de coerción, y dada la necesidad de cotejar datos respecto al arraigo, la jueza dispuso un cuarto intermedio, tras el cual la fiscal se inclinó por el arresto domiciliario de la acusada. Gallo, en sus argumentos, señaló que se pudo constatar, a través de un informe ambiental, el domicilio aportado y que efectivamente reside allí junto con sus hijos. En vista de ello, y dado que las condiciones del arresto domiciliario contemplan el beneficio cuando hay hijos menores de 5 años, la fiscal solicitó esa medida de coerción.
No obstante, requirió que disponga el control del arresto domiciliario por la fuerza de seguridad más cercana al domicilio y se autorice la aplicación de una pulsera electrónica, como medidas complementarias. La defensa de la acusada, por su parte, no interpuso objeciones y reforzó el compromiso de su defendida de cumplir con las medidas requeridas por la fiscalía.
La magistrada Giménez dio por formalizada la investigación penal, autorizó el plazo y las pericias técnicas pendientes. En cuanto al arresto domiciliario, avaló lo propuesto por las partes, aunque hizo una advertencia a la imputada sobre la conducta que debe demostrar en adelante. En ese sentido, estimó que se trata de “un delito gravísimo” por tratarse “de un tóxico nocivo y perjudicial para la salud”. Y adelantó que ante “cualquier incumplimiento se procederá a la inmediata revocación” del arresto domiciliario. Finalmente coincidió con las medidas de control requeridas por la fiscalía, autorizó la aplicación de la pulsera electrónica a través del organismo estatal que corresponda, como así también dispuso la intervención del Ministerio Pupilar, ya que se trata de una obligación del Estado velar por los intereses de los menores de edad.
