Los gendarmes ladrones ya estaban siendo investigados por otros hechos de corrupción

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Sub Alférez Caren Estefanía de Paoli, de 27 años y el Sub Alférez Enrique Ezequiel Gehrmann, de 32.

La fiscala penal 5, Gabriela Buabse, requirió ante el Juzgado de Garantías 8, la incompetencia material de la causa en la que dos efectivos de Gendarmería Nacional, fueron detenidos tras simular un allanamiento en un domicilio ubicado en barrio San José, de la ciudad de Salta, en el que hurtaron diversos objetos. El caso tomó trascendencia a través de los medios de comunicación.

La intervención de la fiscala penal Gabriela Buabse, se produjo tras la denuncia radicada por la víctima, quien tras el falso allanamiento puso en conocimiento el faltante en su domicilio de un anillo de oro 18 kilates, una cadena de oro con una perla blanca, un libro y la suma de 100.000 pesos, entre otros.

En sus fundamentos, la fiscala penal Gabriela Buabse, sostuvo que los hechos de la causa, ocurridos el pasado viernes por la noche, tienen íntima vinculación con otros hechos de corrupción que son investigados por la Justicia Federal, en la que se encuentran incluidos la Sub Alférez Caren Estefanía de Paoli, de 27 años y el Sub Alférez Enrique Ezequiel Gehrmann, de 32.

En este sentido, la fiscala sostuvo que es necesaria una investigación única, con el fin de no perder aspectos que pueden resultar sustanciales para conocer la trama delictiva de modo cohesivo.

Por otra parte, el accionar desplegado por los acusados, quienes son miembros de Gendarmería Nacional y que actuaron con uniforme y en un procedimiento que implicó un ejercicio excesivo y abusivo de sus funciones, afectó directamente el servicio de esa fuerza de seguridad y los intereses directos del Estado Nacional.

A su vez, es importante destacar que debe imponerse la competencia federal a ciertos delitos cuyo auge y peligrosidad, hacen que constituyan una verdadera ofensa a la seguridad del Estado, que trascienden la conducta individual para convertirse en medios tendientes a dislocar el sistema económico y la seguridad jurídica de la Nación, lo que pone en peligro el libre ejercicio de los derechos que acuerda la Constitución Nacional.

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