El Presidente impulsa una batería de medidas contra la Justicia. La crucial, el juicio a la Corte. Los K dudan de las intenciones de Alberto.
El vandalismo golpista que azotó días pasados a Brasil con Lula da Silva recién instalado en su tercer mandato, no debería disimular los deterioros estructurales que sufren los sistemas democráticos en la región. De todas formas, la ofensiva del bolsonarismo hasta llegó a empequeñecer aquel asalto de los simpatizantes de Donald Trump al Capitolio en enero del 2021. El blanco en Brasilia no fue únicamente el Congreso. También el Planalto (sede presidencial) y el Poder Judicial. La médula de cualquier democracia.
La espectacularidad y dramatismo de lo acontecido en Brasil no relega otros episodios que jalonan como una advertencia la pérdida de intensidad de las prácticas democráticas. Chile, luego de las rebeliones sociales del 2019, ensayó un cambio de la Constitución reclamado por la sociedad que fue reprobado en las urnas por la propia sociedad. El presidente Gabriel Boric se propone sancionar otra. Esa tarea insumirá más de la mitad de su mandato en un contexto de problemas que la nación trasandina no había conocido desde el pos pinochetismo. Perú continúa sacudido por la destitución de Pedro Castillo, luego de su autogolpe fracasado. Fue el sexto mandatario en cinco años. Regido por una Carta Magna sancionada en los 90 por Alberto Fujimori que convierte a cualquier mandatario casi en rehén del Congreso. Los recelos en Bolivia entre Luis Arce y el líder natural Evo Morales fueron superados, por ahora, de una manera expeditiva. Dispusieron la detención de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz de la Sierra y principal dirigente opositor. Lo acusan de presunto golpismo. Hubo fuerte represión de sus seguidores. No vale la pena detenerse en Venezuela, Cuba y Nicaragua.
En la Argentina no se vislumbra ninguna perturbación tan explícita como aquellas. Pero transcurre un deterioro político e institucional que se torna peligroso porque pareciera ser percibido por la sociedad con resignación, algún pesar o indiferencia. El Gobierno se ha tornado indescriptible por su mala gestión y la personalidad insólita de Alberto Fernández. El Congreso asemeja a un espacio decorativo donde el Frente de Todos intenta saldar sus diferencias internas y puja con la oposición. El Poder Judicial está siendo desconocido por el oficialismo y arrastrado a una guerra política cuyas derivaciones son inciertas.
Podría constituir esa una descripción casi formal del deterioro. Los procedimientos de actores prominentes se encargan de transformar a la escena en un verdadero lodazal. El Presidente se jactó mucho tiempo de haber erradicado el espionaje como mecanismo rutinario de la política. Sin embargo, impulsó un pedido de juicio contra la Corte Suprema a partir de escuchas ilegales. El trámite está en manos de la comisión especial de Diputados.
La mugre se palpa en cualquier rincón. El ministro de Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro, presentó una denuncia penal por espionaje contra el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade. Recayó en el juzgado federal del juez Daniel Rafecas. Quizás haya sido una simple ironía del destino. O ejemplo de hasta qué punto se encuentran intoxicadas las instituciones y la política. Rafecas sería experto en conversaciones clandestinas. Fue eyectado en 2012 de la causa Ciccone cuando se divulgaron chats que había mantenido con el abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe, defensor de José Núñez Carmona, socio de Amado Boudou. Había sugerencias sobre cómo proceder frente a la denuncia que por entonces estaba a su cargo. Cabe recordar que el ex vicepresidente de Cristina Fernández tiene una condena firme de 5 años y 10 meses de prisión por tal escándalo.
El desorden oficialista genera situaciones sorprendentes. Tardó mucho tiempo en alinear a su tropa en Diputados para embestir contra la Corte. Influyó la reticencia de varios gobernadores para acompañar la maniobra. Finalmente se anunció que el día 26 comenzarán las sesiones en las cuales serán citados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. No tienen obligación de asistir. Dos días antes estará de visita en el país Nicolás Maduro a raíz de la reunión de la Celac. Lo recibirá Alberto. De acuerdo con el último informe de la ONU “la Justicia de Venezuela ha tenido un papel muy importante en la represión y persecución de opositores”. No podría haber un prólogo mejor para el intento de enjuiciar a la Corte.
El kirchnerismo -también Alberto- conocen que esta aventura no puede tener un final feliz. Se incluye además la idea de aprobar el aumento del número de miembros de la Corte. Para atraer quizás a los mandatarios remisos. Tal vez logren prosperar con el propósito. Pregunta: ¿cómo avanzarán luego con la designación de los jueces? . ¿De dónde saldrían los votos necesarios? . En tres años el Presidente nunca propuso un reemplazo para la renunciada Elena Highton. Ni logró que el Senado se ocupara de su postulación de Rafecas para la Procuración General, pese a lo cual insistirá en las sesiones extraordinarias.
Para enjuiciar a los cortesanos posee una supremacía ajustada en la Comisión (16-15) que le permitiría el acceso al dictamen por la mayoría. Un milagro impensado, más en año electoral, posibilitaría contar con los dos tercios de Diputados y el Senado para progresar con el proceso. Aquel epílogo le importa ahora poco. Los K pondrán énfasis en el espectáculo que apuntará a desacreditar a los jueces en cuestión. A perfilar una estrategia que ofrece una superficie y una raíz. La primera es el disgusto por el fallo que validó el reclamo de Horacio Rodríguez Larreta por aquel recorte en la coparticipación porteña del 2020. La segunda tiene relación con un aspecto principal cuyo ariete es Cristina: desconociendo la legitimidad de la Corte se pretende invalidar también lo actuado en instancias inferiores en las causas por corrupción. Esa constituye la razón verdadera de este juego circense.
Los primeros argumentos divulgados se orientan en esa dirección. El Presidente sostuvo que el fallo sobre coparticipación poseería errores gruesos. Su portavoz, Gabriela Cerutti, dijo más o menos lo mismo. El secretario de Asuntos Parlamentarios, Fernando Navarro, aseguró que “no existe ninguna razón jurídica de peso que justifique” el veredicto. En una traducción sencilla: si no estoy de acuerdo no cumplo ningún fallo. Presagio de la batalla que se avecina cuando fluyan las causas por delitos de la vicepresidenta.
Un anticipo visual fue difundido por La Cámpora. Con la excusa del vandalismo bolsonarista construyó una larga victimización de la figura de Cristina. Con descripciones que, como de costumbre, entran en colisión con las investigaciones de la Justicia. Se muestra en un video cómo un manifestante apedrea la oficina de la vicepresidenta en el Senado en marzo del 2022. Una imagen de cientos que existieron. El relato subraya el ataque a ella. La Justicia determinó que la agresión fue indiscriminada. Contra varios funcionarios. La causa está elevada a juicio oral.
En el mismo corto aparece el intento de magnicidio de Cristina como supuesto capítulo de un enorme complot. La causa que lleva la jueza María Eugenia Capuchetti sigue teniendo una sola evidencia. Son Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, su pareja. Están detenidos y procesados. La pista de Revolución Federal, núcleo de ultraderecha, y el supuesto financiamiento de empresarios se esfuma. También la participación del diputado del PRO, Gerardo Milman, a quien un testigo ligado al camporismo había adjudicado conocimiento previo del atentado. La jueza ha citado a declarar para el último día de enero a Nicolás Carrizo, relacionado con la pareja detenida. Esto es lo que hay, más allá de la fantasía fílmica de La Cámpora. Fueron los “copitos”.
La intemperie podría extremar la inventiva de la defensa de la vicepresidenta. Habría que seguir, en ese aspecto, las peripecias alrededor de D’Alessandro. Un enigma nunca fue desentrañado desde aquel día aciago de septiembre: la responsabilidad que tuvieron, en este orden, la custodia personal de la vicepresidenta, la Policía Federal y los militantes de La Cámpora que formaban el primer cordón de protección.
El kirchnerismo se siente en soledad frente a tantas desventuras. El Presidente pareció fogonear el juicio a la Corte Suprema y otro manojo de artificios sólo para sacarse la presión de sus socios-enemigos. Ha decidido dar por inaugurada la campaña y su afán por reelegir con un spot donde habla de un país y una gestión que no existen. Soslaya el papel de la vicepresidenta.
Otro que asoma con incomodidad en este cuadro es Sergio Massa. El ministro de Economía pretende distanciarse de las candidaturas, también de los escándalos con la Corte Suprema y exhibirse como gestor de “la Argentina seria”. Pero tropieza. Debió instruir a tres de sus diputados para que participen de la tarea de enjuiciamiento contra el máximo Tribunal.
Eso plantea dificultades serias en el terreno económico. Lo sinceró en un diálogo con un importante legislador de Juntos por el Cambio. “Me tienen que ayudar con algunas leyes”, planteó. “¿Cómo te vamos a ayudar con el desastre que hacen el Diputados con la Corte”? , recibió de respuesta. “Así será difícil”, cerró la conversación.
Tanto ruido tendrá múltiples consecuencias. La tendencia alcista del dólar blue, antes o después, volverá a impactar sobre una inflación que no da tregua. El fallo de la Corte a favor de la Ciudad forzará al ministro a ajustar más el déficit fiscal acordado para el 2023 con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Deberá hacerlo en el año electoral. De allí el ceño fruncido de los gobernadores y la hilera de elecciones anticipadas. Massa también ha ingreso al corazón del laberinto.
