3 allanamientos y 1 detenido por estafas relacionadas a la gestión de viviendas del IPV

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El fiscal Penal interino de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Daniel Escalante, encabezó esta tarde un operativo en el marco de una investigación por estafas que lleva adelante la UDEC.

Con autorización del Juzgado de Garantías 1 fueron allanadas tres viviendas de la capital salteña: una ubicada en calle España al 1900, una en barrio Castañares y otra en barrio Progreso. Como resultado del operativo fue detenido un hombre, secuestrados elementos de interés para la causa y se dio intervención a la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad al encontrar en uno de los domicilios sustancias estupefacientes.

El detenido, que empleaba otros nombres como Julio Reinoso y Julián Reinoso, fue alojado en la Alcaidía General de la Provincia. Sobre él pesaba, también, una orden de detención emitida por la Sala 2 del Tribunal de Juicio por incomparecencia a una audiencia debate por dos hechos de estafa que fue solicitada por la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio.

La intervención de la UDEC inició luego que una mujer denunciara el 19 de agosto de 2022 que dos años antes, en diciembre de 2020, su hermano le comentó que un compañero de trabajo le había contado que un conocido entregaba viviendas sociales recuperadas.

La damnificada contactó a un individuo que afirmaba tener un contacto en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), quien le ofreció la posibilidad de obtener un inmueble a cambio de una determinada suma de dinero. Confiando en esta oferta, la mujer entregó el dinero y recibió una carpeta con documentos supuestamente emitidos por el organismo provincial. Pasaron dos años y, al no recibir la adjudicación de la vivienda, decidió acudir a las oficinas, descubriendo que no había ningún registro de su solicitud y que toda la documentación que le habían entregado era apócrifa.

En abril de 2022, otra mujer recibió información sobre la venta de terrenos a través de un contacto relacionado con su padre. Decidió aprovechar esta oportunidad y entregó una suma de 1.200.000 pesos para cubrir los gastos de escribanía. Según su denuncia, el responsable de la venta fue una persona llamada Julián Gutiérrez, quien afirmó trabajar en el Gobierno. El encuentro para la firma de los documentos se llevó a cabo en una oficina ubicada en Grand Bourg.

En 2019, una mujer recibió información de una amiga sobre un hombre llamado Julián Reinoso, quien aseguraba trabajar en el IPV y le ofrecía la posibilidad de obtener una casa en la urbanización del Barrio Pereyra Rosas. Motivada por esta oportunidad, la mujer entregó dinero al hombre. Posteriormente, Julián Reinoso se presentó en su domicilio para que ella firmara unos documentos. Durante ese encuentro, la mujer grabó con su celular al hombre y también registró el vehículo en el que llegó. Pasado el tiempo, y ante la falta de respuestas, se presentó en el organismo en donde le informaron que allí no trabajaba ningún Julián Reinoso y le indicaron que radicara denuncia por el hecho, lo cual hizo en 2021.

Los investigadores de la UDEC realizaron tareas de campo, pudiendo identificar que el hombre denunciado, que se presentaba como Reinoso, entregaba a los denunciantes, a cambio del dinero, documentación con firmas y sellos del IPV, firmada supuestamente por los responsables de áreas, como una forma de generar confianza en las víctimas y otorgar apariencia de legalidad a la operación realizada. En los tres hechos intervinieron tres colaboradores distintos, que ya fueron citados a sede fiscal.

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