Más de 150 trabajadores denominados Acompañantes Familiares del Plan Unir otra vez están siendo marginados, desprotegidos y estafados por las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social.
Se trata de empleados contratados y monotributistas que trabajan a la par de 3.000 niños de 126 comunidades aborígenes de los departamentos Rivadavia, San Martín y Orán.
Estos equipos de acompañantes familiares implementan talleres de crianza junto a las familias de comunidades rurales y originarias del Chaco Salteño.
Se trata de encuentros en los que madres, padres y adultos referentes de cada comunidad participan junto a sus hijos e hijas de actividades informativas, prácticas, charlas y el acompañamiento en el crecimiento de niñas y niños respetando la cultura de pertenencia y promoviendo hábitos de crianza respetuosos.
Los trabajadores de Unir iniciaron su tarea ilusionados con un trabajo que les daría la posibilidad de cobrar un salario digno por la tarea que realizan.
Lamentablemente desde que se inició el programa hace 4 años vienen siendo defraudados con la demora en los pagos.
El año pasado estuvieron sin cobrar por más de tres meses y habían iniciado un paro que trató de ser evitado ante amenazas de despidos.
Los salarios de enero, febrero y marzo 2023 los percibieron recién en mayo, y ahora otra vez registran un atraso de casi tres meses, por los que muchos de ellos no están cumpliendo con sus tareas porque no tienen ni un peso.
Firmaron un contrato por los tres primeros meses del año. Luego les hicieron firmar otro contrato desde abril a diciembre de 2023.
No tienen novedades de los salarios de abril y mayo, ya finaliza el mes de junio y siguen aguardando respuestas de los funcionarios que no dan la cara ni en los grupos de WhatsApp que formaron para estar permanentemente comunicados.
Pero eso no es todo, en los contratos se les descuentan los porcentajes correspondientes al Instituto Provincial de la Salud (IPS) y de la ART, pero no tienen ninguno de los beneficios.
Ya pasó lo mismo el año pasado y ahora con los meses de enero, febrero y marzo que cobraron en mayo no tuvieron ninguna contraprestación a pesar de que los descuentos que se le practican.
Lo mismo ocurre ahora desde abril hasta la fecha que están sin cobertura de salud ni seguro, ya que sus contratos aún no fueron homologados ni publicados en el Boletín Oficial.
Desde hace un mes no se llevan a cabo acciones para las infancias en situación de vulnerabilidad de poblaciones urbanas, rurales y de comunidades originarias.
Silvina Vargas, ministra de Desarrollo Social
Ni la ministra de Desarrollo Social, Silvina Vargas; la secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia, Carina Paola Iradis; la subsecretaria de Primera Infancia, Marcela Natalia Alarcón Fernández dan la cara y ni hablan del tema, eso sí son “funcionarios que no funcionan” a pesar de tener los más altos sueldos y cargos del área.
Marcela Alarcón
Carina Iradis
Menos lo hace el jefe del programa de Unidad Operativa Territorial, Alejandro Nicolás Medina y la directora el Programa Unir, Belén Chalup que lo único que comunican es que “está todo en trámite y pronto se resolverá el problema”.
No brindan ninguna solución por lo que Unir se encamina a un fracaso rotundo por la desidia, la inoperancia y la inutilidad de estos funcionarios que desde hace 4 años no pueden resolver el problema de poder pagar mensualmente a 150 trabajadores, muchos de ellos de escasos recursos y que residen en las zonas más inhóspitas de la provincia.
Esta última semana fue desgarrador ver los chats que se enviaban entre ellos los acompañantes familiares, hablando de los problemas económicos que afrontan sin poder cobrar y más complicados aún con los festejos del Día del Padre y sin contar con los sueldos que les corresponden.
Hasta hoy a esta gente le siguen mintiendo sin brindarles una solución a un problema que ya lleva varios años.
¿Hasta cuándo deben seguir penando por cobrar a tiempo todos los meses?
