150 acompañantes familiares del Plan Unir son monotributistas, siguen sin cobrar y ya van por el cuarto mes, sin que la ministro de Desarrollo Social, Claudia Silvina Vargas; la secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia, Carina Paola Iradis; la subsecretaria de Primera Infancia, Marcela Natalia Alarcón Fernández; el jefe de la Unidad Operativa Territorial, Alejandro Nicolás Medina y la directora del programa Unir, Belén Chalup brinden la información necesaria a los trabajadores de los motivos por los cuales aún no pueden cobrar los meses que se les adeudan.
Carina Iradis
Ante el grave incumplimiento en los pagos les ofrecieron 15 días de licencia hasta que se puedan regularizar los sueldos atrasados, para disimular el paro de actividades que ya habían iniciado los trabajadores.
Es lamentable la irregular situación que atraviesan los trabajadores del plan lanzado con bombos y platillos para ayudar a las familias aborígenes cuando ni siquiera cumplen con aquellos que tienen que salir a recorrer el territorio como lo denominan.
Silvina Vargas, ministra de Desarrollo Social
Esto no es nada nuevo. Los sueldos de enero, febrero y marzo los cobraron en mayo. Les adeudan los salarios de abril, mayo y junio y estamos a mediados de julio y siguen sin novedades.
Marcela Alarcón
Pero lo más grave aún es que los empleados no tuvieron cobertura de la obra social (IPS), ni ART. durante los 6 meses.
Eso sí les descuentan todos los meses, pero no pueden utilizar los servicios porque demoran los contratos y los pagos a los monotributistas y no pueden acceder a esa cobertura.
Esto quiere decir que les descontaron durante casi 7 meses la obra social que no pudieron usar.
El pasado 4 de julio, María Aguilera y Micaela Mercado acompañantes familiares de las comunidades aborígenes del KM 6, El Talar y Sachapera de Tartagal, sufrieron un accidente en la motocicleta en la que se trasladaban.
Al tratarse de un camino de tierra y en pésimo estado de la ruta 86, las trabajadoras se toparon con un pozo tapado por la maleza y el polvo y terminaron en el suelo sufriendo raspones y traumatismos en diferentes partes del cuerpo.
Solo una de ellas usaba casco y eso la salvó de un fuerte golpe que pudo haber traído otras consecuencias en su cabeza.
No pudieron hacerse atender en ninguna clínica privada porque no tienen obra social y cuando quisieron poner en conocimiento a la ART también se dieron con la novedad de que no están inscriptas.
Fueron atendidas en la precaria salita de primeros auxilios del KM 6 y de allí trasladadas hacia la guardia del hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.
Por suerte, luego de ser revisadas fueron dadas de alta y pudieron regresar a sus domicilios.
El pasado miércoles 5 de julio salió publicada en el Boletín Oficial, la decisión administrativa 344 donde se aprueban los Contratos de Servicios celebrados entre la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, en jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social, de 39 personas con vigencia al 01 de abril y hasta el 21 de diciembre de 2023.
Según se supo se trata de Coordinadores zonales que recién cobraron esta semana los tres meses adeudados con los correspondientes descuentos del IPS y de la ART, sin tener durante ese período ninguno de esos servicios.
Estos 39 trabajadores pasaron a depender de la Provincia, mientras que los acompañantes familiares siguen bajo la órbita del ministerio de Desarrollo Social de la Nación y aún no tienen la resolución correspondiente por lo que no tienen novedades en cuanto al pago de sus haberes.
Los funcionarios nombrados anteriormente, ostentan los más altos cargos, cobran sus altos salarios los primeros días de cada mes, y lo único que hacen es decir “que la nación no transfiere los fondos”.
Es lamentable la inoperancia de funcionarios que poco les importa que sus trabajadores no cobren sus salarios como corresponde.
