Según el fiscal Guillermo Marijuan, el Estado destina más de $10 mil millones mensuales a casi 160 mil personas que perciben el Potenciar Trabajo pero no deberían. Representa un gasto anual de 328 millones de dólares.
Juan Manuel y María están sentados en el séptimo escalón de la boca de entrada de la estación Carabobo del subterráneo porteño. Viven en Rafael Castillo, partido bonaerense de La Matanza. La escena conmueve: los dos comparten un tomate redondo que encontraron en un contenedor que se encuentra sobre la Avenida Rivadavia. Pasan minutos de las dos de la tarde. No mendigan. Sobreviven cartoneando. Durante el día se alimentan de los restos de comida que encuentran en la ciudad. Juan Manuel y María no perciben ningún plan social. Ninguno. Ni la Tarjeta Alimentar. Ni el Potenciar Trabajo. El problema de los planes sociales de la Argentina no es el dinero que el Estado destina a beneficiar a los sectores más desprotegidos, sino que no los reciben las personas en situación de extrema vulnerabilidad, como Juan Manuel y María.
Como contracara, sí han accedido a los beneficios del Estado personas que tenían capacidad de ahorro en dólares como para viajar al exterior.
Descontrol en los planes
Una investigación del Fiscal Federal Guillermo Marijuan determinó que en los últimos 14 años -desde 2009 a 2023- el Estado derivó subsidios millonarios a, por lo menos, a 211.977 personas que salieron del país” en cruceros, barcos, aviones, micros y autos “mientras percibían un beneficio estatal”. De ese total, 159.919 corresponden al período 2020-2023. Y reciben, todos los meses -a valor de octubre- $66.000, esto es la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil, por cuatro horas de labores que realizan en una Unidad de Gestión. Esta puede depender de las cooperativas de trabajo de los movimientos sociales, intendencias, gobernaciones ONG y hasta iglesias.
El cálculo del fiscal es directo y cruel. El Estado “debe disponer de un total de $10.554.654.000 mensual. Al multiplicar este monto por todos los meses transcurridos desde, al menos, principios del año 2020 estamos hablando de una suma multimillonaria que habría perjudicado a las ya debilitadas arcas de la Nación”, destaca el fiscal en su investigación.
Si se convierte esa cifra multimillonaria a dólares, tomado el cambio oficial del Banco Nación de $365,50; el valor mensual que el gobierno de Alberto Fernández destina a beneficiarios del plan social que no deberían cobrarlo es de USD 28.877.302. Valor que anualizado se eleva a USD 346.527.627.
Para Marijuan, la inequidad de destinar miles de millones de pesos a personas que no serían vulnerables, y dejar fuera del plan -porque no es universal- a quienes sí lo necesitan, se debe a “la falta de control de las personas que ingresan a este Programa como asimismo la ausencia de cualquier tipo de monitoreo sobre las que se encuentran inscriptas”. Para el fiscal esto “demuestra un desprecio absoluto por parte de los funcionarios púbicos que manejan esta cartera tan importante del Estado Nacional”. Y recordó que: “Esta responsabilidad no solo recae sobre lo acontecido, pues en la medida en que no cesen estas conductas ilícitas, se continuarán pagando beneficios que no corresponden”.
Desde el 13 de octubre de 2023, al frente de la cartera social se desempeña la contadora pública Victoria Tolosa Paz. Reemplazo a Juan “Juanchi” Zabaleta quien ocupó ese cargo en lugar de Daniel Arroyo.
El 16 de junio de 2020, el actual diputado nacional fue quien lanzo el Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”, al unificar iniciativas previas como Hacemos Futuro y el Salario Social Complementario.
Hasta ese momento 580.000 personas eran beneficiarios de esos dos programas. En la actualidad la nómina del Potenciar Trabajo supera el 1.200.000 de trabajadoras y trabajadores.
El Potenciar Trabajo es administrado desde la Secretaría de Economía Social. Desde el 10 de diciembre de 2019, fecha en que asumió como Presidente Alberto Fernández, a cargo de esa repartición se encuentra Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita, la mayor organización oficialista. En el Ministerio de Desarrollo Social se escuchan dos frases sobre el referente social. “Cuando llegó Arroyo, Pérsico ya era parte del mobiliario” y “Los ministros pasan, Pésico se queda”.
Cruceros y aviones
Para el fiscal Marijuan, Tolosa Paz, Zabaleta, Arroyo y Pérsico son los funcionarios responsables de que el Estado derive de manera irregular fondos públicos a personas que no se encuentran “en alto riesgo o estado de vulnerabilidad social”, como exigen las normativas dictadas por el mismo Ministerio.
El fiscal Guillermo Marijuan le solicitó a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, la baja de casi 160 mil beneficiarios del programa Potenciar Trabajo
Fue por esa razón que solicitó la baja de 159.919 inscriptos. Todos ellos, según investigación fiscal “realizaron viajes al exterior a través de cruceros; vía aérea; mediante embarcaciones; a través de ómnibus y de forma particular por auto”.
Guillermo Marijuan denunció que beneficiarios del Potenciar Trabajo viajaron al exterior y pasaron sus vacaciones en lujosos cruceros
De esa totalidad, Tolosa Paz solo dio de baja a 1.129 inscriptos en el Potenciar Trabajo. Por esa razón, y a través de un escrito judicial Marijuan le dijo a la funcionaria: “Le sugiero que, además de las medidas que se tienen que tomar de manera inmediata en este caso, se extremen los controles sobre el padrón vigente de beneficiarios”.
Si bien el fiscal hace hincapié en “la falta absoluta de controles” por parte de la cartera social en el Potenciar Trabajo, en su denuncia describió que los entrecruzamientos realizados por Migraciones y otros organismos entre los beneficiarios de planes y las salidas al exterior de estos mostraron incompatibilidades también en “otros planes sociales” a lo largo de los últimos 14 años.
“Desde el año 2009 hasta la actualidad, luego de efectuar un análisis de los datos aportados por los organismos públicos involucrados, se pudo determinar que 1.458.217 movimientos migratorios correspondían a 211.977 personas que salieron del país mientras, como dije, percibían un beneficio estatal”.
