El Banco Nación pretende vender tierras relevadas como de uso indígena

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El directorio de la institución financiera deberá decidir si acepta o no al único oferente que se presentó en la subasta pública para adquirir un catastro vecino al Santuario de la Virgen de la Peña. La comunidad guaraní Yariguarenda presentó un amparo en la justicia federal, que ordenó detener la venta y solicitó un informe al Banco.

El Banco de la Nación informó el viernes último al Juzgado Federal de Tartagal que en la subasta, que se realizó el 18 de diciembre de 2023, se presentó solamente un oferente particular. Se trata de Dante Galeano, director de la firma TAR TUR SAS, que además cumplió funciones públicas en la gestión municipal de la comuna norteña durante la administración de Mario Mimessi, actual ministro de Desarrollo Social de la provincia.

En el edicto que publicitó el proceso administrativo de subasta pública, el BNA advertía que la oferta ganadora para adquirir el catastro 16.448 debía ser evaluada y autorizada por el directorio de la entidad financiera. La cabeza del BNA se definió hace pocos días; en el Boletín Oficial del 25 de enero último se publicó el decreto 85/2024, mediante el cual el presidente de la Nación Javier Milei confirmó al nuevo directorio del Banco.

A medio camino entre la subasta pública y el nombramiento de los directores del BNA, el Juzgado Federal de Tartagal hizo lugar al amparo colectivo que presentó la Comunidad Yariguarenda, del Pueblo Guaraní, por la venta de esa propiedad registral relevada dentro del territorio originario por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en 2012. En un fallo del 9 de enero pasado, la jueza federal Soledad Ivana Hernández ordenó suspender la venta “hasta tanto se dicte sentencia definitiva (…) sobre el fondo de la cuestión”. Esa orden se emitió tres semanas después de la apertura de sobres.

La jueza solicitó también al Banco que remita a su Juzgado un informe circunstancial. La abogada de la comunidad guaraní, María Magdalena del Sol Rioja, explicó a Salta/12 que en ese documento la institución financiera debía “explicar por qué y en qué motivos se fundó al pretender la venta en pública subasta de un catastro que es territorio comunitario originario”. El informe llegó la semana pasada y la comunidad recibió una copia el viernes último.

El Banco no solamente brindó los datos del único oferente, sino también precisó que adquirió el inmueble rural por un remate judicial realizado el 14 de noviembre de 2012. Fue por compensación de deuda en relación a un juicio de 1996 que inició el BNA contra la persona que figuraba entonces como propietaria, Francisco Martínez Morales.

La abogada de la Comunidad Yariguarenda destacó una nota adjunta que remitió el Banco a la jueza Hernández, como “prueba documental”, firmada por los “servidores del Santuario de la Virgen de la Peña”. El catastro rural que pretende vender el BNA es vecino de otro inmueble que, según la Dirección General de Rentas de Salta, es propiedad de la Orden de Frailes Menores de la Viceprovincia San Francisco Solano.

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