Las víctimas son adolescentes que habían sido captadas en una mina de Potosí para su traslado a Buenos Aires, donde iban a ser explotadas en un taller textil. El proceso registra como antecedentes otras dos condenas a 10 años de prisión y 5 años de prisión, impuestas a la hija y a la pareja de la mujer en agosto y diciembre pasado, respectivamente.
La actuación de la fiscalía se había iniciado el 27 de febrero del año pasado a partir del control realizado a un colectivo de larga distancia en el puesto El Naranjo, en Rosario de la Frontera.
En esa oportunidad, al verificar la documentación de los pasajeros, personal de Gendarmería Nacional detectó que Mamani Aguilar no tenía ningún documento que acreditara su identidad. La mujer solo dijo que era oriunda de Bolivia y alegó que iba a Buenos Aires. Otra pasajera, de 17 años, indicó que la acusada era su tía y que viajaban juntas.
Lo mismo sucedió con otras dos adolescentes de 16 años, quienes manifestaron lo mismo y explicaron que iban a visitar a sus familiares, aunque ninguna de las tres menores de edad poseía la respectiva autorización de sus padres ni tampoco las tarjetas migratorias.
Ante esas irregularidades, la fuerza de seguridad dio intervención a la fiscalía, que llevó adelante una investigación que permitió avanzar con la imputación penal de Mamani Aguilar y la asistencia integral a las tres adolescentes, que incluyó los trámites necesarios para su retorno a Bolivia.
La fiscalía estableció que la acusada adquirió los cuatro pasajes y que, al momento de la compra, sostuvo que una de las menores de edad era su cuñada y que las otras dos eran sobrinas. Determinó además que, tres días antes, había viajado de Buenos Aires a la localidad de Aguas Blancas, en Orán, por la misma empresa.
La fiscalía expuso que Aguilar García fue la encargada de captar a las tres adolescentes, de 16 y 17 años de edad, quienes trabajaban en una mina ubicada en la ciudad boliviana de Potosí bajo un extremo grado de vulnerabilidad.
