Desde la semana pasada, el intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, ha estado realizando una gira mediática para responder a las críticas de la oposición sobre el aumento de tasas e impuestos que se incluyó en el último presupuesto municipal. En sus intervenciones, Hernández ha enfatizado que “actualizamos la base imponible para el impuesto automotor”, buscando así disipar la crítica generada en torno a la percepción de un aumento generalizado de impuestos.
En una entrevista en un medio local, el intendente comparó el costo del impuesto automotor con el precio de “dos Fernet en el boliche”, tratando de desdramatizar el impacto económico en los ciudadanos. Sin embargo, esta afirmación ha generado reacciones en la comunidad, donde muchos consideran que cualquier ajuste en los impuestos representa una carga adicional para las familias y los comercios locales.
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La situación se ha visto intensificada por las declaraciones de la concejal Silvia Zabala y reciente candidata, expuso que los impuestos en Tartagal han aumentado hasta un 1.400% en algunos casos. Zabala, quien también es ex docente, argumentó que estos incrementos son insostenibles para la economía de los tartagalenses.
Además, el diputado provincial Santiago Vargas también se ha manifestado sobre el tema, criticando el aumento en las tasas y los impuestos antes del receso invernal. Su postura refleja un descontento creciente entre los ciudadanos y la oposición, que ve en estas medidas una amenaza para el bienestar económico de la comunidad.
Ante este panorama, la administración municipal ha optado por responder a las críticas a través de medios afines, lo que ha dejado a los ocho ediles oficialistas en una posición incómoda. En ningún momento han podido justificar su voto a favor de la aprobación de la Ordenanza Tarifaria y del presupuesto municipal, lo que ha permitido una actualización de tasas e impuestos que afecta directamente a la economía familiar y comercial de Tartagal.
La situación sigue generando debate en la comunidad, donde los ciudadanos esperan respuestas claras y soluciones efectivas que no agraven su situación económica. La gestión de Hernández se enfrenta ahora al desafío de reconciliarse con la ciudadanía y demostrar que sus decisiones buscan el bienestar general, a pesar de las críticas que ha recibido.
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