Imputaron y dictaron la prisión preventiva para once personas por millonario contrabando de mercaderías desde terrenos a la vera del río Bermejo en Finca Karina en Aguas Blancas.
Virginia Cornejo, funcionaria en Salta del Ministerio de Seguridad había manifestado que lo de Finca Karina era solo una playa de estacionamiento y “que no pasaba nada y que estaba todo bien en ese lugar”.
Virginia Cornejo la funcionaria del ministerio de Seguridad que depende de Patricia Bulrich había manifestado que en finca Karina no pasaba nada
Sin embargo, el Juzgado Federal de Garantías de Tartagal, luego de que el fiscal describiera que la propiedad, situada en Aguas Blancas, se había convertido en una playa de transferencia de mercadería de contrabando a través de gomones dispuso un allanamiento y detuvo a 11 personas.
Se estima que movían mercadería ilegal por 229 millones de pesos mensuales y que percibían una ganancia diaria de más de 3,5 millones, en concepto de cobros de peajes y otras expensas clandestinas.
Una de las detenidas es policía provincial, a quienes se dictó la prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita y contrabando de importación, agravado por el número de intervinientes y por superar el valor en plaza de la mercadería, por maniobras que se perpetraban a través de un paso clandestino que funcionaba en una finca de la localidad fronteriza de Aguas Blancas.
Las personas imputadas son José Suárez, los hermanos Francisca, Carmen y Jorge Cardozo, Gladis Salazar, Pedro Rivero, María Basco, Virginia Orellana, Cintia Gutiérrez, María Segundo y María Laura Tintilay. La imputación de esta última fue agravada por su calidad de funcionaria pública, pues se desempeña como policía provincial.
Al presentar el caso, el fiscal sostuvo que las tareas investigativas se iniciaron el 26 de mayo pasado de oficio a partir de una información que daba cuenta del comercio ilegal en la finca “Karina”, ubicada a dos kilómetros del ejido urbano de Aguas Blancas, a la vera de la ruta nacional 50.
El representante del MPF señaló que a la propiedad -compuesta de dos matrículas catastrales- se puede acceder desde la ruta y que, tras recorrer un camino rural de corta distancia, se llega hasta la margen argentina del río Bermejo, cuya playa estaba acondicionada para el arribo de gomones que cruzaban desde Bolivia con mercadería de todo tipo, incluso automóviles. En efecto, señaló, los medios de comunicación retrataron el paso de una camioneta.
La propiedad estaba compuesta por dos catastros, uno de los cuales se denomina “Karina”, con la imputada Gladis Salazar como adquirente desde febrero pasado.
Añadió que el segundo, ubicado hacia la playa del río, está a nombre de Blanca Cortez, fallecida y en proceso de sucesión, con un litigio por prescripción adquisitiva iniciada por José Cardozo, padre de los tres hermanos imputados.
Ganancias millonarias
Romero explicó que entre los principales responsables se identificó a Alfredo Salazar, hermano de Gladis, quien fue registrada como dueña del lugar tras comprársela a su hermano por la suma de 20 millones de pesos, sin que su perfil financiero y patrimonial justificara una operación de esa envergadura.
La detención de aquel, quien posee residencia en Bolivia y está imputado de operar con el envío de mercadería ilegal, no se pudo concretar. También están pendientes las detenciones de otras personas imputadas.
Romero expuso que la administración de esta actividad ilegal desde Argentina estaba en manos de Suárez, quien junto a la familia Cardozo y Rivero principalmente supervisaban el ingreso de los vehículos que llegaban desde la ruta hasta la playa del río para cruzar hacia Bolivia, comprar mercadería y regresar. Explicó que, en menor proporción, en tanto, se despachaba mercadería hacia el vecino país.
El fiscal marcó que este corredor clandestino dejaba importantes ganancias a los acusados, que había instalado dos puntos de cobro: uno en el acceso a la finca, por un valor de 2 mil pesos por cada vehículo que ingresaba, mientras que en la playa se debían pagar mil pesos por bulto de mercadería ingresada de contrabando. A esto se le sumaban las ganancias por los puestos de comida regenteados por los imputados.
Para dar cuenta del movimiento, el fiscal indicó que por cada vehículo ingresaba un promedio de diez bultos de mercadería y que, por día, 300 rodados entran a la finca en busca de mercancía, a la vez que se acreditó que dentro del predio existían seis puestos de comida, cuyos dueños debían pagar 20 mil pesos por día para su explotación.
En tal sentido, calculó que por día se recaudaba una suma de 3.720.000 pesos, con excepción del domingo, que estaba cerrado.
Ese informe estipula que los movimientos económicos que se producen en la finca, a raíz de la mercadería ilegal que pasa por esa propiedad, en el periodo de un año, ascendería a casi 3 mil millones de pesos (concretamente, $2.975.392.851,56), con un promedio mensual de casi 229 millones de pesos.
Los allanamientos y la resolución del caso
Romero indicó que se dispuso una comisión mixta de alrededor de 170 efectivos de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, de las policías Federal y de la provincia de Salta y de personal de la DGA y de ARCA. Señaló que, al llegar a uno de los puntos de cobro, se dieron con la imputada Tintilay, quien reconoció ser policía de la Subcomisaría 9 de Julio, con asiento en Orán.
Tras la descripción de los hechos y la mención de las pruebas, Romero requirió los peritajes de los teléfonos celulares y pidió que se dispusiera la prisión preventiva de las personas imputadas, pues argumentó que existen latentes riesgos de fuga y entorpecimiento procesal de su parte.
