El 23 de febrero pasado una mujer, cansada del clima de violencia que había en su casa, decidió radicar la denuncia contra su nieto.
La mujer vivía en su hogar en Villa Lavalle, donde convivía con el joven de 25 años, la pareja de él, también de 25 años, y la pequeña hija de ambos, de 8 meses. Según contó la mujer su nieto mantenía una conducta sumamente agresiva, propinando insultos y amenazas constantes de quien aparentemente actuaba bajo los efectos de sustancias.
La situación no quedó aquí. Unos días después, el 5 de marzo, la bebé fue trasladada de urgencia al Hospital Público Materno Infantil, donde ingresó con un cuadro de convulsiones y deterioro general de su salud. Aunque inicialmente la madre intentó justificar una mancha en el rostro de la pequeña como un simple golpe accidental con la punta de una mesa, los médicos que la atendieron detectaron señales de maltrato infantil, como hematomas en la mejilla y el cuello que presentaban diferentes coloraciones. Esto los llevó a realizarle una tomografía de cerebro, que reveló un hematoma y una fractura en la zona posterior del cráneo, mientras que el examen oftalmológico detectó hemorragias en las retinas de la menor. Al comparar estas imágenes con una internación de febrero por síntomas similares, los médicos determinaron que podría existir un compromiso neurológico grave y que las lesiones eran compatibles con mecanismos de agresión directa.
En una audiencia flexible y multipropósito las partes llegaron a un acuerdo de juicio abreviado. El juez de Garantías condenó a ambos padres. Les impuso la pena de tres años de prisión de ejecución condicional. La joven fue hallada responsable del delito de lesiones graves agravadas por el vínculo, mientras que el joven recibió la misma condena por el mismo delito en perjuicio de su hija, sumando además el cargo de coacción por las amenazas vertidas contra su abuela.
En el fallo, el juez dictó la privación de la responsabilidad parental de ambos condenados respecto de su hija, lo que significa que pierden sus derechos legales sobre la menor. Asimismo, se ordenó la urgente intervención de la Secretaría de la Primera Infancia y la Niñez para realizar un seguimiento exhaustivo del bienestar de la niña.
Durante los próximos cuatro años, los condenados deberán cumplir reglas de conducta, entre las que se destacó la prohibición de ejercer cualquier tipo de violencia y de acercarse a menos de 300 metros de la víctima. Además, deberán someterse a tratamientos psicológicos obligatorios para el control de su agresividad y a programas de rehabilitación por sus adicciones en instituciones públicas.
