Continuando con la ronda de diálogo abierta la semana anterior por el proyecto de Ley que impulsa la cesión de tierras del Estado en Finca Las Costas, el Senado recibió este miércoles a los representantes de Tigres Rugby Club y a miembros de una de las familias no originarias que resultan afectadas por la iniciativa.
Participaron de la reunión ampliada de la comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional los senadores; Dani Nolasco, Mashur Lapad, Jorge Soto, Leonor Minetti, Diego Cari, Roque Cornejo, Gonzalo Guaymás, Gonzalo Caro Dávalos, Daniel Moreno, Juan Cruz Curá, Manrique Burgos, Walter Cruz y Rolando Guaimás.
Por Tigres Rugby Club concurrieron su presidente, Carlos Baldi, acompañado por los directivos, Ramiro Quintana y Luis Salinas. En representación de los vecinos del lugar, estuvieron presentes los hermanos Juan, Consuelo, Patricio y Rosario Ceballos. También estuvo la diputada Sofía Cayo.
El proyecto de Ley en revisión, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a otorgar en comodato, por un plazo de 25 años, una fracción de terreno de propiedad estatal con una superficie aproximada de 8,8 hectáreas en el departamento Capital, ubicada en la zona de Finca Las Costas. La norma establece como cargo obligatorio que el inmueble sea destinado exclusivamente por la institución civil para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de contención social, fijando que la entidad no podrá cambiar el destino del predio ni cederlo a terceros bajo pena de caducidad del beneficio.
Costeños no originarios
Rosario Ceballos expuso las observaciones de una de las familias no originarias afectadas, fundamentando un arraigo de más de un siglo en Finca Las Costas a partir del desempeño de su bisabuelo en la ex Obras Sanitarias de la Nación.
Detalló que su familia posee contrato de arrendamiento vigente, se dedica a la cría de ganado y agricultura de subsistencia y advirtió que la iniciativa compromete la mitad de las 3,5 hectáreas donde residen actualmente. Asimismo, manifestó la necesidad de resguardar el área por su condición de reserva hídrica y diferenció su situación habitacional como criolla de la de otras comunidades indígenas del sector.
En su intervención, diferenció explícitamente su realidad habitacional y su identidad como costeños de la situación de la comunidad Lule, indicando que las tres familias afectadas son los Ceballos, Corimayo y Rueda.
Durante el intercambio con los legisladores, el senador Cornejo consideró que el proyecto debe contar con el dictamen de la Procuración General de la Provincia y los correspondientes informes de impacto ambiental, debido a la categorización de las tierras como reserva hídrica e intangible.
El senador Caro Dávalos ratificó que el dominio provincial de las 12.000 hectáreas de la finca no está en discusión y que la evaluación del impacto ambiental estará sujeta al destino del proyecto, coincidiendo en que se debe evitar cualquier afectación que resulte perjudicial a los habitantes tradicionales.
