La Justicia condenó a seis años de prisión efectiva a Ana Inés Maigua, una de las responsables de la agencia Siddartha Viajes, investigada por una serie de estafas que perjudicaron a cientos de clientes que pagaron por viajes al exterior que nunca llegaron a concretarse.
La sentencia fue dictada este jueves en el marco de un juicio abreviado encabezado por el juez Francisco Mascarello. La mujer, de 37 años, admitió su participación en los hechos y fue hallada culpable de 181 hechos de estafa en concurso real. Como parte del acuerdo alcanzado con la Fiscalía, aceptó cumplir una pena de seis años de prisión efectiva, el máximo previsto para el delito atribuido.
La investigación estuvo a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), representada por la auxiliar fiscal María Eugenia López Ahanduni, quien sostuvo la acusación basada en numerosas denuncias presentadas por clientes de la agencia.
Según la causa, entre 2024 y 2025 las dos hermanas, propietarias de Siddartha Viajes, ofrecieron paquetes turísticos a distintos destinos internacionales, cobrando importantes sumas de dinero en pesos y dólares, tanto en efectivo como mediante transferencias bancarias. Sin embargo, los viajes nunca se realizaron y las víctimas quedaron sin respuestas ni devolución del dinero.
Los investigadores sostienen que las acusadas actuaban con pleno conocimiento de que los servicios contratados no serían prestados, utilizando la imagen comercial de la empresa para captar clientes y generar una apariencia de solvencia y confianza.
En cuanto a la hermana mayor de la condenada, María Carlota Maigua, rechazó adherirse al juicio abreviado y deberá enfrentar un debate oral y público. Por ese motivo, el magistrado dispuso la separación de la causa y ordenó que continúe detenida en la Unidad Carcelaria local mientras se aguarda la fijación de la fecha de juicio.
Cabe recordar que días atrás la Justicia había revocado el beneficio de prisión domiciliaria que cumplía la coimputada, por lo que actualmente permanece alojada en una unidad penitenciaria.
Durante la audiencia también participaron representantes de las víctimas, entre ellos el abogado querellante Gabriel Abarza, quien patrocina a 57 damnificados y adhirió al acuerdo alcanzado. Las partes renunciaron a los plazos de apelación, por lo que la condena quedó firme.
La causa es considerada una de las investigaciones por estafas más importantes de los últimos años en Salta, debido a la cantidad de hechos denunciados y al elevado número de personas afectadas por la maniobra.
