El conflicto por el desalojo de familias originarias en finca Las Pailas, en el departamento de Cachi, llegó este jueves al Senado provincial. En una reunión plenaria, legisladores recibieron a representantes de la comunidad diaguita afectada por la medida judicial y analizaron posibles alternativas para atender la situación generada tras el operativo realizado días atrás.
Durante el encuentro, los integrantes de las familias desalojadas expusieron su versión de los hechos y plantearon que la orden judicial habría sido ejecutada sobre una superficie mucho mayor a la contemplada en la sentencia original. Según sostienen, la medida debía alcanzar únicamente cuatro hectáreas, pero terminó afectando alrededor de 40 hectáreas y a decenas de personas que residían y trabajaban en el lugar.
La reunión contó con la participación de los senadores Mashur Lapad, Manrique Burgos, Jorge Soto, Esteban D’Andrea, Enrique Cornejo, Dani Nolasco, Alejandra Navarro, Leonor Minetti, Sergio Saldaño, Rolando Guaimás, Diego Cari, Juan Cruz Curá, Arnaldo Altamirano, Gonzalo Caro Dávalos, Daniel D’Auría, Luciano Elvira y Carlos Guitian, quienes escucharon los reclamos de los damnificados y coordinaron gestiones con el Poder Ejecutivo provincial para buscar respuestas a corto plazo.
La abogada de la comunidad, Verónica Huber, explicó que los fallos judiciales que dieron origen a la causa establecían el desalojo de una fracción específica vinculada a un contrato de pastaje. Sin embargo, aseguró que la ejecución de la medida se extendió a toda la matrícula involucrada, dejando a unas 60 personas sin acceso a sus viviendas, cultivos, animales y herramientas de trabajo.
Por su parte, los representantes originarios Héctor Fabián y Ulises Yanes describieron el impacto social que tuvo el operativo. Según manifestaron, entre los afectados hay adultos mayores, personas con discapacidad y menores de edad. Además, denunciaron que las restricciones continúan vigentes y que muchas familias aún no pueden ingresar a los terrenos ni acceder a fuentes de agua esenciales para sus actividades cotidianas.
Durante el plenario también se abordó la situación judicial posterior al desalojo. Los voceros de la comunidad señalaron que presentaron un pedido de nulidad que fue rechazado y cuestionaron distintos aspectos de la ejecución de la medida, incluyendo la fecha elegida para llevar adelante el procedimiento y la ausencia de una constatación presencial por parte de la magistrada interviniente.
Desde el Senado indicaron que continuarán las gestiones para acercar posiciones y encontrar mecanismos que permitan atender la situación de las familias afectadas, mientras el conflicto sigue generando repercusiones en los Valles Calchaquíes.
