Este miércoles habrá una audiencia clave para el caso de Carlos Issa, que sufrió un bloqueo en 2021 y despidió a sus responsables, que quedaron imputados en una causa penal, pero lo perjudicaron las demandas por indemnizaciones.
Carlos Issa, el dueño del hotel, siente que está viviendo una pesadilla. Su empresa, que fundaron su padre y sus tíos en 1971, está al borde del cierre por un insólito motivo: ya pagó 68 millones de pesos, cifra que podría subir hasta 100 millones de pesos, para pagar las indemnizaciones a empleados que bloquearon su establecimiento en 2021 pese a que la Justicia los imputó al considerar que la protesta realizada excedió el marco protegido por el derecho de huelga.
Carlos Issa, dueño del Hotel Provincial de Salta
El caso pone en evidencia una “falta de coordinación” entre la justicia penal y laboral de Salta, según afirmó a Infobae el abogado Pablo Abdón Torres Barthe, asesor legal del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), quien está en la capital provincial para asistir a Issa porque este miércoles se realizará una audiencia judicial entre las dos partes en conflicto para “analizar qué pruebas llegarán al juicio oral y conocer si la contraparte propone alguna vía alternativa de resolución”.
El bloqueo al Hotel Provincial Plaza de Salta se produjo en 2021
Al mismo tiempo, el abogado tendrá este miércoles una audiencia con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, donde planteará la situación que atraviesa el dueño del hotel que, detalló, “le está pagando indemnizaciones a los que están imputados por la Justicia y que probablemente salgan condenados en el juicio penal”, algo que consideró “una locura”.
También advirtió la demora del fuero penal en juzgar a los responsables del bloqueo ya que obligó al pago de 68 millones de pesos en indemnizaciones laborales a personas imputadas en la causa y podría empujar al cierre del hotel, ya que que todavía quedan 7 juicios laborales más que podrían elevar el monto por abonar a 100 millones de pesos que, si se resuelven antes de la sentencia penal, derivará en una solución drástica porque el empresario “no tiene margen para pagarlo”.
