La derrota del oficialismo en el Senado dejó mucho más que un capítulo eliminado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. También expuso las grietas en la relación entre el Gobierno nacional y un grupo de gobernadores que, hasta ahora, habían acompañado en distintas votaciones a la gestión de Javier Milei. Entre ellos, el salteño Gustavo Sáenz, cuya decisión de rechazar la flexibilización para la venta de tierras rurales a extranjeros terminó convirtiéndose en una señal política que hoy preocupa a la Casa Rosada.
Aunque desde el Ejecutivo intentan transmitir que el traspié legislativo no modificará el vínculo con las provincias, puertas adentro reconocen que el resultado encendió una luz de alerta. El temor ya no se limita al proyecto que naufragó en la Cámara alta: ahora la preocupación apunta a las próximas negociaciones, especialmente las vinculadas con la reforma política y la intención del oficialismo de avanzar con la suspensión de las PASO.
La resistencia al polémico capítulo de tierras reunió a mandatarios provinciales que, en distintos momentos, habían sido considerados aliados circunstanciales del Gobierno. Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén) y Hugo Passalacqua (Misiones) coincidieron en un punto: impedir cualquier modificación que facilitara la extranjerización de tierras rurales.
Cada uno trasladó esa postura a los senadores de sus provincias. En Misiones, Passalacqua sintetizó su posición con un mensaje que rápidamente ganó repercusión: “Lo que amamos no se vende”, una declaración que luego se reflejó en el voto anticipado del senador Carlos Arce.
En Tucumán, Jaldo instruyó a las senadoras de su provincia a rechazar el proyecto, mientras que Figueroa hizo lo propio con los representantes neuquinos. En Salta, la postura de Gustavo Sáenz también fue determinante y encontró eco en la senadora Flavia Royón, una de las primeras en manifestarse públicamente contra la posibilidad de habilitar una mayor venta de tierras a capitales extranjeros.
La suma de esos posicionamientos terminó desarmando la estrategia legislativa del oficialismo. Lo que inicialmente parecía una negociación controlada terminó desmoronándose en pocas horas. La falta de respaldo obligó al Gobierno a retirar el capítulo más controvertido de la iniciativa para evitar una derrota aún mayor.
Dentro de la Casa Rosada admiten que el escenario comenzó a complicarse mucho antes de la sesión. Durante la reunión de la Mesa Política ya existían dudas sobre la posibilidad de reunir los votos necesarios, aunque predominaba el optimismo de revertir la situación mediante negociaciones de último momento.
Sin embargo, el efecto dominó fue inevitable. “La negociación se cayó como un castillo de naipes. Se salió uno y se cayeron todos”, reconoció uno de los principales operadores políticos del Gobierno, reflejando el desconcierto que provocó el cambio de postura de varios mandatarios provinciales.
El episodio dejó una enseñanza que ahora inquieta al oficialismo. En Balcarce 50 consideran que una imagen de debilidad legislativa podría fortalecer el poder de negociación de los gobernadores en los debates que vienen. La principal preocupación se centra en la reforma política y en la posibilidad de conseguir los consensos necesarios para suspender las PASO.
La votación sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada dejó en evidencia que los acuerdos con las provincias son cada vez más frágiles y que los gobernadores, incluso aquellos que acompañaron al Gobierno en momentos clave, están dispuestos a marcar límites cuando consideran que están en juego intereses estratégicos de sus distritos. El mensaje político fue claro: el respaldo al oficialismo ya no puede darse por descontado y cada nueva negociación promete convertirse en una pulseada de alto voltaje.
