El movimiento no se detiene en Aguas Blancas. Colectivos que llegan hasta la garita, pasajeros que deben completar el trayecto a pie, decenas de taxis concentrados en la terminal y una actividad fronteriza que desborda los controles forman parte de un escenario que preocupa al municipio. El interventor Adrián Zigarán cuestionó el funcionamiento del transporte, reclamó deudas millonarias y advirtió sobre un parque automotor que considera sobredimensionado.
En Aguas Blancas, el movimiento permanente de pasajeros y trabajadores vuelve a poner en el centro de la escena los problemas de transporte, tránsito y seguridad en una de las zonas fronterizas más sensibles de Salta.
El interventor municipal, Adrián Zigarán, expuso la compleja situación que atraviesa la localidad y puso bajo la lupa a empresas de transporte, taxis, remises y trabajadores vinculados a la actividad fronteriza.
Colectivos que no llegan hasta el final
Uno de los principales conflictos está relacionado con el servicio de la empresa San Antonio. Según explicó Zigarán, actualmente algunas unidades llegan solamente hasta la garita de cobro, por lo que los pasajeros deben continuar el trayecto caminando durante aproximadamente tres o cuatro cuadras.
El interventor aclaró que, por el momento, no considera que exista un abandono total del servicio. Sin embargo, advirtió que si la empresa deja definitivamente de prestar el servicio, el municipio realizará una presentación formal ante la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) para reclamar la incorporación de otra firma que pueda cubrir la demanda.
A la discusión por el recorrido se suma un reclamo económico. El municipio sostiene que la empresa mantiene una deuda estimada entre 12 y 15 millones de pesos en concepto de tasas municipales por distintas actividades.
Zigarán también cuestionó las declaraciones de la firma respecto del volumen de pasajeros transportados y contrastó esos números con el movimiento que observa diariamente en la frontera.
“El colectivo viene lleno y se va más lleno que como vino”, afirmó.
El interventor fue todavía más contundente al referirse a la actividad comercial de la empresa y sostuvo que, a su entender, el transporte de encomiendas ocupa un lugar cada vez más importante.
“Últimamente San Antonio parece más una empresa de encomienda que de transporte público”, señaló.
Según su planteo, la firma obtiene importantes ingresos por el traslado de cargas y, al mismo tiempo, debería tributar por esa actividad.
Una terminal desbordada por taxis y remises
Otro de los problemas que enfrenta Aguas Blancas está en las calles. Zigarán aseguró que existe un fuerte sobredimensionamiento del parque automotor, con una cantidad de taxis y remises que supera ampliamente lo que, según parámetros demográficos, necesitaría la localidad.
Actualmente existen alrededor de 90 taxis habilitados en Aguas Blancas, a los que se suman más de un centenar de vehículos provenientes de Orán.
El interventor consideró que la cantidad resulta excesiva para una población cercana a los 4.000 habitantes y recordó que, de acuerdo con parámetros habituales, debería existir aproximadamente un taxi cada 500 o 1.000 habitantes.
El resultado, según describió, se observa diariamente en uno de los puntos más sensibles: la puerta de la terminal, donde la concentración de vehículos genera congestionamientos y episodios de conflicto.
Zigarán sostuvo que algunas de estas situaciones exceden las facultades municipales y deben ser abordadas por las fuerzas de seguridad y la Justicia.
En ese marco, destacó la reciente firma de un convenio con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, mediante el cual la Jefatura de Policía podrá actuar como tribunal de faltas y las infracciones comenzarán a tener un impacto efectivo sobre los registros de conducir.
El otro rostro de la frontera
Pero el escenario de Aguas Blancas no se limita al transporte formal. La actividad de los trabajadores informales y los denominados bagayeros constituye otro de los puntos complejos de la realidad fronteriza.
Desde el municipio se inició un proceso de identificación y censo de carreros locales, con el objetivo de conocer quiénes trabajan en la zona y organizar la actividad.
La iniciativa también busca diferenciar a los trabajadores locales de personas provenientes de Bolivia que, según la mirada municipal, terminan compitiendo por las mismas fuentes de trabajo.
Sin embargo, los bagayeros no muestran disposición a incorporarse al sistema de identificación. Zigarán reconoció esa resistencia y sostuvo que el municipio respeta la decisión.
“Los bagayeros no se quieren identificar. Nosotros respetamos que no lo hagan. Para nosotros sería mejor que estén identificados, pero cada cual en lo suyo; eso es un área de frontera nacional”, manifestó.
Una frontera bajo presión
Entre colectivos que no completan sus recorridos, una terminal saturada de taxis, deudas municipales, controles vehiculares y trabajadores informales que se mueven al ritmo de la actividad fronteriza, Aguas Blancas enfrenta una realidad que se vuelve cada vez más difícil de ordenar.
El desafío para el municipio pasa ahora por recuperar el control del tránsito, ordenar el transporte y establecer reglas claras en una localidad donde el movimiento económico de la frontera convive diariamente con conflictos que requieren respuestas coordinadas entre organismos municipales, provinciales, policiales y nacionales.
