Vendían sueños habitacionales en Intersindical y Cerrillos e inventaban falsas inversiones de alta rentabilidad. La Justicia les impuso desembolsos millonarios, reglas de conducta y probation para reparar a las víctimas.
Ilusiones de la casa propia hecha pedazos, ahorros devorados por falsos inversores y el frío vértigo del engaño patrimonial. Ese fue el rastro de estafas que dejaron tres sujetos en la provincia antes de quedar contra las cuerdas de la Justicia. En una resolución clave, la jueza Cecilia Flores Toranzos homologó acuerdos de solución alternativa que obligan a los acusados a desembolsar una suma millonaria para resarcir económicamente a los damnificados y evitar así el juicio oral.
Los imputados enfrentaban graves cargos por estafa, administración fraudulenta y estafas reiteradas en concurso real, vinculados a maniobras espurias con un loteo habitacional en el barrio Intersindical, comercialización irregular de terrenos en Cerrillos y esquemas de inversión fantasma que prometían exorbitantes tasas de rendimiento.
Cuentas saldadas: millones para reparar el daño
Al constatar que los acusados carecían de antecedentes penales condenatorios y que el conflicto era estrictamente económico, la magistrada dio vía libre a la vía conciliatoria y a dos suspensiones de juicio a prueba (probation):
Acuerdo de $2,5 millones: En la primera causa, dos de los acusados cerraron un acuerdo conciliatorio y resarcirán a una de las víctimas mediante la entrega de aproximadamente 2,5 millones de pesos.
Probation por $9 millones: En la segunda causa, el imputado logró la suspensión del juicio a prueba tras ofrecer el pago de 8,5 millones de pesos (en tres cuotas) a favor del principal afectado, sumado a 250 mil pesos para otros dos damnificados.
Resarcimiento megamillonario de $19,8 millones: En el expediente más complejo, donde se acumulaban múltiples hechos de estafa y administración fraudulenta, el sujeto acordó saldar cuentas mediante un plan de pagos actualizado: 12 millones de pesos para una víctima en 24 cuotas, 6 millones a repartir entre otras cuatro víctimas (en 24 cuotas) y 1,8 millones para el último de los afectados en 6 cuotas.
Bajo estricta lupa judicial y trabajo comunitario
Pagar no será lo único que deberán hacer para eludir la cárcel. Durante el plazo estipulado (de uno a dos años según la causa), los acusados quedarán bajo la estricta vigilancia de la Oficina Judicial.
Deberán fijar domicilio, tienen estrictamente prohibido salir del país, no podrán abusar de bebidas alcohólicas ni consumir estupefacientes, y pesa sobre ellos la advertencia de no cometer nuevos delitos. Además, uno de los sospechosos deberá realizar tareas comunitarias en una parroquia de la zona sur de la ciudad. Cualquier incumplimiento revocará el beneficio y los mandará de inmediato al banquillo de los acusados.
Un cierre procesal definitivo
Durante la audiencia, la totalidad de los damnificados aceptó las sumas ofrecidas para dar por cerrado el calvario económico. Las partes renunciaron a los plazos para recurrir la medida, dejando la resolución firme.
En la causa intervino la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio. Asimismo, la jueza dictó el sobreseimiento parcial de uno de los imputados por el delito de falsificación de instrumento privado, al haberse extinguido la acción penal por prescripción.
