La Justicia imputó a Héctor Raúl Vargas por seis delitos en concurso real. La investigación de la UDEC reveló cajas vacías, cheques sin destino, fondos nacionales evaporados y terrenos sociales delimitados con simples palos de madera.
El crujido de los archivos faltantes en la tesorería municipal, la polvareda de un terreno baldío vendido como un barrio modelo y el eco de las partidas presupuestarias que se esfumaron en la nada. La gestión municipal de San Carlos se transformó en el centro de un escándalo institucional de proporciones tras salir a la luz una sistemática ingeniería de desvío de fondos que dejó las arcas comunales devastadas.
En la audiencia de formalización de la investigación penal, la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) imputó formalmente al exintendente Héctor Raúl Vargas como presunto autor de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado (tres hechos) y falsedad ideológica de documento público (dos hechos), todo en concurso real. Asistido por la defensa privada, el exjefe comunal optó por el silencio y se abstuvo de declarar.
El negocio de los lotes farsa: $15 millones, sin servicios ni aprobación
La mecha de la pesquisa se encendió tras una denuncia elevada por un concejal en mayo de 2023. La Fiscalía acreditó que en julio de 2021 Vargas adquirió a nombre del municipio un terreno de tres hectáreas por $15 millones sin la autorización obligatoria del Concejo Deliberante.
Aunque por la comercialización posterior de las parcelas ingresaron $16.883.100, el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) no encontró un solo registro que explique a dónde fueron a parar los $1.883.100 sobrantes.
Pero el engaño oficial fue más allá: Vargas firmó dos resoluciones asegurando que el espacio contaba con servicios, planos, matrículas e impacto ambiental. Cuando los peritos judiciales inspeccionaron el predio, descubrieron la dura realidad: un descampado desierto sin agua, luz ni cloacas, delimitado de manera precaria con simples palos. Los organismos oficiales como EDESA y COPAIPA confirmaron que los trámites estaban archivados o eran inexistentes.
Proyectos truchos y $64 millones en cheques al portador
La sangría financiera de la comuna de San Carlos se ramificó en dos frentes igualmente sombríos:
El despojo a los agricultores: La Nación giró $9.482.369,75 del programa PROTAAL para impulsar a 20 familias vulnerables del paraje San Rafael. No existe un solo comprobante ni orden de pago que acredite en qué se gastó la plata, y el Estado Nacional confirmó que Vargas nunca rindió cuentas.
La ventanilla del Banco Macro: La pesquisa técnica descubrió que en 18 oportunidades Vargas emitió cheques diferidos a nombre del propio municipio y cobró por ventanilla la friolera de $64.449.000. Tras el cambio de mando, la actual intendenta María del Carmen Vargas radicó la denuncia al confirmar la inexistencia total de documentación respaldatoria que justifique el destino de semejante masa de efectivo.
El cerco judicial sobre la anterior administración de San Carlos avanza firmemente, dejando al descubierto una cadena de maniobras opacas donde el patrimonio público fue utilizado como una caja chica privada a expensas de las necesidades del pueblo.
