A la vera de la ruta provincial 5, a la altura del paraje Las Víboras, la chapa oficial y los uniformes azules no infundían seguridad, sino extorsión. Tres efectivos en funciones —un hombre de 31 años y dos mujeres de 26 y 36— montaron por su cuenta un retén clandestino para frenar el paso de automovilistas y camioneros.
Con frialdad y abuso de poder, los falsos fiscalizadores exigían cuantiosas sumas de dinero a los conductores a cambio de no decomisar ni entorpecer el traslado de la mercadería que transportaban. La maniobra provocó la sospecha de varios automovilistas, quienes alertaron de inmediato a la fuerza policial sobre las irregularidades de la inspección.
Dinero entre los neumáticos, secuestro de armas y pedido de detención
Al irrumpir en la escena, personal de la Brigada de Investigaciones constató que el operativo no contaba con autorización ni registro de la superioridad. Durante el procedimiento de inspección en el lugar, los agentes hallaron evidencias contundentes:
En un rastrillaje por las inmediaciones, se descubrió una bolsa oculta dentro de una cubierta con casi un millón de pesos.
Se decomisaron otros montos guardados dentro del patrullero y entre los efectos personales de las dos policías y su cómplice.
Se retuvieron las tres armas reglamentarias, las credenciales institucionales, tres teléfonos celulares, prendas de vestir y el libro de guardia de la Sección Policía Rural y Ambiental.
La fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic (interina en Las Lajitas), imputó formalmente a los tres uniformados como coautores de asociación ilícita y exacciones ilegales agravadas. Asimismo, solicitó al Juzgado de Garantías que los tres permanezcan privados de la libertad mientras se completan las pericias.
