En medio de un clima tenso en el recinto, la Cámara de Diputados de Salta quedó envuelta en una severa polémica tras blindar la situación de dos legisladores imputados por graves delitos contra la administración pública. Durante la sesión del martes, el bloque mayoritario rechazó sobre tablas la propuesta impulsada por el diputado Franco Lastra (La Libertad Avanza) para discutir la suspensión preventiva de Francisco Gerardo Orellana y Héctor Raúl Vargas.
Sin entrar en juzgar la culpabilidad —amparada por la presunción de inocencia—, el eje del reclamo apuntaba a debatir la idoneidad moral y operativa de que ambos continúen ejerciendo sus funciones mientras enfrentan causas penales de alto impacto.
Las pesadas causas que cercan a los legisladores
Francisco Orellana (Diputado por Anta): Imputado esta semana por la Fiscalía Federal junto a 14 personas por presuntas maniobras fraudulentas con pensiones no contributivas por discapacidad en El Quebrachal y Joaquín V. González. Se le atribuyen los delitos de asociación ilícita, fraude al Estado, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes. Según el fiscal Carlos Martín Amad, Orellana habría avalado trámites irregulares durante su gestión como intendente a cambio de dinero y votos.
Héctor Raúl Vargas (Exintendente de San Carlos): Imputado por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) por tres hechos de peculado, dos de falsedad ideológica e incumplimiento de deberes. La causa investiga la compra no autorizada de un terreno por $15 millones con $1,8 millones sin justificar, irregularidades con fondos del programa PROTAAL y 18 cheques municipales por más de $64 millones sin documentación respaldatoria. Vargas se abstuvo de declarar.
Costo político e impacto institucional
Con el rechazo a habilitar el tratamiento, la Cámara Baja prefirió esquivar la discusión pública sobre los estándares éticos del cuerpo parlamentario. Mientras la Justicia avanza para determinar las responsabilidades penales, la responsabilidad política quedó al descubierto: Orellana y Vargas mantendrán sus bancas, fueros y actividad legislativa con normalidad.
