El caso de Julio Ramón De Vita abrió un nuevo frente político en el municipio de Tartagal. El Concejo Deliberante aprobó un pedido de informes para determinar qué función cumple, dónde presta servicios y bajo qué condiciones figura dentro de la planta comunal.
La discusión sobre la planta municipal de Tartagal sumó un nuevo capítulo durante la sesión ordinaria del viernes 28 de agosto, luego de que la concejal Margarita Rauch reclamara explicaciones sobre la situación laboral del periodista Julio Ramón De Vita, quien aparece incorporado a la estructura municipal pese a desarrollar su actividad profesional en Salta Capital.
El pedido apunta a conocer las funciones específicas asignadas a De Vita, su lugar de trabajo, horarios y los fundamentos de su incorporación mediante la Resolución N.º 27.676. También se pretende determinar si la Municipalidad abona su remuneración y efectúa los correspondientes aportes previsionales y de obra social.
Una contratación que abrió un debate mayor
Rauch planteó que la situación genera malestar entre trabajadores municipales que esperan desde hace años regularizaciones y pases a planta.
La concejal también cuestionó que, según habría manifestado el jefe de Gabinete municipal, Ignacio Benítez Ocampo, existirían otros casos similares. Para la edil, esa explicación trasladó la discusión de un caso particular a un interrogante mucho más amplio: cuántos trabajadores figuran en la Municipalidad de Tartagal, qué funciones cumplen y dónde efectivamente desarrollan sus tareas.
Por ese motivo, el expediente N.º 19.944/2026 no se limita a solicitar información sobre De Vita. El Concejo pidió además la nómina de trabajadores contratados alcanzados por resoluciones de incorporación, con detalle de funciones, horarios y lugares de trabajo.
Así, lo que comenzó como un cuestionamiento puntual terminó instalando en el recinto una discusión política sobre los criterios de contratación, la asignación de funciones y los mecanismos de control de la administración municipal.
El antecedente de la pauta publicitaria
En medio de la controversia también volvió a mencionarse una investigación periodística publicada años atrás, que había consignado pagos de publicidad oficial vinculados al periodista. Según ese relevamiento, De Vita habría recibido $4.235.000 entre enero y julio de 2020 y otros $7.260.000 durante 2021.
Sin embargo, esos antecedentes corresponden a contrataciones publicitarias y no prueban por sí mismos ninguna irregularidad en la relación laboral que ahora analiza el Concejo.
El punto que deberá responder el Ejecutivo municipal es otro y resulta concreto: por qué Julio Ramón De Vita figura como empleado de la Municipalidad de Tartagal, qué tareas tiene asignadas y bajo qué modalidad las desarrolla desde Salta Capital.
La respuesta oficial será ahora la pieza clave para determinar si se trata de una situación administrativa debidamente justificada o si, como sospecha parte del Concejo, existe un problema más profundo en la conformación y funcionamiento de la planta municipal.
