La jueza Claudia Puertas dejó sin efecto la suspensión temporal de la orden de detención internacional contra Nicolás Mendioroz Juncosa, investigado por tres hechos de presunta estafa. El acusado fue localizado en Australia y su traslado a la Argentina se encontraba previsto para este jueves. La garantía ofrecida por su padre —un inmueble céntrico del que posee el 50% indiviso— fue considerada insuficiente para neutralizar el riesgo de fuga.
Más de US$170.000 reclamados por los damnificados, una investigación por presuntas estafas con inversiones en criptomonedas y un intento de reemplazar la detención por una garantía inmobiliaria quedaron en el centro de una nueva decisión judicial en Salta.
La jueza de Garantías Claudia Puertas revocó la providencia que había suspendido durante 30 días la orden de detención y captura internacional contra Nicolás Mendioroz Juncosa, acusado de tres hechos de estafa en concurso real. La resolución restableció la vigencia de la medida y dispuso que se ejecute inmediatamente cuando el imputado arribe al país.
El hombre fue localizado en Australia después de permanecer prófugo desde 2022. Según la información incorporada al expediente, Interpol Australia comunicó que estaba siendo deportado hacia la Argentina. Su situación deberá ser examinada por la Justicia salteña, donde tiene pendiente la audiencia de formalización de la imputación.
La garantía que no convenció a la Justicia
El intento de suspender temporalmente la captura estaba condicionado a la inscripción de una caución real sobre un inmueble ubicado en el centro de la ciudad de Salta. La propiedad fue ofrecida por el padre del acusado para respaldar su presentación ante la Justicia.
Sin embargo, al analizar la documentación, surgió un dato determinante: el inmueble está registrado en condominio y el fiador es titular de apenas el 50% indiviso. Esa circunstancia no había sido explicitada al momento de ofrecer la garantía.
La Fiscalía observó dificultades para establecer si esa participación inmobiliaria resultaba suficiente desde el punto de vista económico y si podría ejecutarse judicialmente en caso de incumplimiento.
La jueza consideró que, en esta instancia, la caución no alcanzaba para neutralizar el peligro de fuga que ya había sido valorado en la causa. Por eso, dejó sin efecto la suspensión temporal y mantuvo vigente la orden de captura.
La eventual revisión de la garantía quedó supeditada a una audiencia posterior, una vez que el acusado esté detenido y a disposición de los tribunales locales.
La mecánica de la presunta estafa con criptomonedas
La causa investiga operaciones de inversión con bitcoins y otras criptomonedas que habrían generado un perjuicio superior a los US$170.000, según los reclamos difundidos por los damnificados.
De acuerdo con información publicada sobre el expediente, la operatoria habría funcionado bajo la denominación Inversiones Alyson. A los participantes se les ofrecían rendimientos semanales extraordinariamente elevados, de entre el 40% y el 60%, y algunos inversores habrían realizado nuevos aportes o convocado a otras personas para sumarse.
La comunicación se habría canalizado mediante grupos de WhatsApp, mientras que el dinero se recibía en efectivo o por transferencias bancarias. Según esa reconstrucción, con el paso del tiempo comenzaron las demoras en los pagos prometidos, hasta que los desembolsos se interrumpieron y dejaron de responder a quienes reclamaban la devolución de sus fondos.
Estos antecedentes describen la modalidad denunciada y forman parte del contexto de la investigación. La responsabilidad penal de Mendioroz Juncosa deberá establecerse durante el proceso judicial.
De prófugo en el exterior a una detención que deberá ejecutarse
La situación procesal del acusado se agravó después de que abandonara Salta en 2022, poco antes de una audiencia de imputación. Desde entonces pesaba sobre él una orden de captura nacional e internacional, hasta que fue localizado en Australia.
La defensa había buscado que pudiera regresar al país sin ser trasladado bajo custodia y ofreció una propiedad como respaldo. La decisión de Puertas cierra, por ahora, esa posibilidad: la captura deberá mantenerse activa y la detención ejecutarse cuando llegue a la Argentina.
Una vez firme la resolución, también se deberá librar un oficio a la Dirección General de Inmuebles de Salta para dejar sin efecto la inscripción de la caución real sobre la propiedad ofrecida.
El próximo capítulo será judicial: con el acusado a disposición de la Justicia salteña, deberá avanzar la audiencia pendiente y la investigación sobre los tres hechos de presunta estafa. Mientras tanto, los damnificados siguen reclamando respuestas por el dinero que aseguran haber entregado para las inversiones.
