Comerciantes de Salvador Mazza, Aguas Blancas, Orán y Tartagal cuestionan los límites al intercambio con Bolivia. CAME reclamó revisar el impacto de las medidas y apuntó contra las redes que financian el contrabando.
Las nuevas restricciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) encendieron la alarma en las ciudades fronterizas de Salta. Comerciantes advierten que las medidas pueden reducir las ventas, poner en riesgo puestos de trabajo y golpear a familias que dependen del intercambio cotidiano con Bolivia.
La Resolución 5910/2026, vigente desde el 10 de octubre, modificó el régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo y fijó un límite de US$150 diarios por persona para el egreso de mercaderías. También estableció prohibiciones para determinados productos, entre ellos granos, combustibles y mercadería en envases de 10 kilos o más.
En Salvador Mazza, la presidenta de la Cámara de Comercio, Norma Gareca, alertó sobre las dificultades para cumplir operaciones previamente acordadas. En Aguas Blancas, comerciantes reclamaron revisar las disposiciones y señalaron que las restricciones argentinas se suman a las trabas existentes del lado boliviano.
El interventor Adrián Zigarán advirtió que limitar el comercio legal sin fortalecer los controles sobre los pasos clandestinos podría empujar parte de la actividad hacia circuitos informales.
El conflicto sumó la intervención de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Fabián Hryniewicz, referente de su Comisión de Fronteras e Ilegalidad, planteó que combatir el contrabando exige investigar no solo los cruces ilegales, sino también las redes que lo financian, los depósitos, los centros de distribución y los canales de comercialización.
Qué prohíbe la nueva resolución
- Límite diario: hasta US$150 por persona para mercaderías bajo el régimen.
- Granos: prohibición de egresar trigo, soja y maíz en todas sus formas.
- Combustibles: prohibición de sacarlos en tanques suplementarios, bidones u otros envases.
- Envases de gran tamaño: prohibición de mercaderías acondicionadas en envases de 10 kilos o más, o su equivalente en volumen.
El reclamo de las localidades fronterizas apunta al impacto económico de las medidas y a la necesidad de diferenciar el comercio permitido de las estructuras dedicadas al contrabando. En una región donde la actividad comercial sostiene a numerosos hogares, el temor es que las nuevas reglas terminen profundizando la caída de las ventas y la incertidumbre laboral.
