La Fiscalía acusó a Lucas Gabriel Paz, Eduardo Marcelo Giménez, Cristian Emanuel Sarapura y Franco Simón Olbrich por el incendio ocurrido en octubre de 2025 en la celda 6 de la Alcaidía Judicial. Según la acusación, habrían iniciado el fuego de manera intencional, poniendo en peligro a otros 20 internos. Ezequiel Fernando Avendaño Laime murió días después en el hospital San Bernardo, tras sufrir graves quemaduras y complicaciones clínicas.
Un incendio dentro de una celda, colchones convertidos en combustible y decenas de detenidos sin posibilidad de escapar por sus propios medios. La investigación por el siniestro ocurrido en la Alcaidía Judicial de Salta dio un nuevo paso: el fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, formuló acusación contra cuatro internos y solicitó que la causa sea elevada a juicio.
Los acusados son Lucas Gabriel Paz, Eduardo Marcelo Giménez, Cristian Emanuel Sarapura y Franco Simón Olbrich, señalados como presuntos coautores de los delitos de estrago doloso por existir peligro de muerte para terceros y estrago doloso seguido de muerte, en concurso ideal. La calificación se encuadra en los artículos 186, incisos 4 y 5, 54 y 45 del Código Penal.
La acusación deberá ser examinada en la instancia judicial correspondiente. Hasta entonces, la responsabilidad penal de los imputados no está definida.
El fuego habría comenzado en la celda 6
Según la hipótesis fiscal, el episodio ocurrió el domingo 26 de octubre de 2025, cerca de las 22.20, en la celda 6 del pabellón B, ubicada en la planta baja de la Alcaidía Judicial de Salta Capital.
La reconstrucción incorporada al requerimiento sostiene que los cuatro imputados habrían actuado de manera conjunta para iniciar el incendio. Para ello, presuntamente colocaron un catre y colchones contra las rejas, obstaculizando el acceso y la ventilación del sector.
Luego, habrían armado un mechero con papel higiénico y lo utilizado para prender fuego los colchones. La acusación atribuye a Giménez una intervención adicional: habría incorporado más colchones a las llamas, lo que habría incrementado la intensidad del incendio.
En la celda se encontraban alojadas 24 personas. La disposición de los elementos y la imposibilidad de que los internos salieran por sus propios medios generaron, según la Fiscalía, un peligro concreto para sus vidas y su integridad física.
Veinte internos quedaron expuestos al peligro
La emergencia obligó a la intervención del personal penitenciario, que utilizó matafuegos para extinguir el fuego. Varios detenidos sufrieron lesiones, algunas de carácter grave.
La acusación sostiene que, además de las consecuencias directas del incendio, las condiciones en las que se encontraban alojadas las víctimas agravaron el riesgo: los internos dependían de la respuesta del personal para salir de una situación que podía resultar fatal.
El caso quedó encuadrado en una figura penal vinculada con incendios y otros estragos cuando existe peligro de muerte para terceros, con el agravante de que el hecho tuvo un desenlace mortal.
Ezequiel Avendaño murió tras agonizar en el hospital
Entre las víctimas se encontraba Ezequiel Fernando Avendaño Laime, de 20 años, quien fue trasladado para recibir atención médica y falleció el 8 de noviembre de 2025 en el Hospital San Bernardo.
De acuerdo con los informes médicos incorporados al expediente, la muerte se produjo como consecuencia de las lesiones sufridas, en un cuadro que incluyó quemaduras graves, shock séptico y falla multiorgánica.
La evolución clínica y el vínculo entre las lesiones y el fallecimiento forman parte de los elementos probatorios reunidos por los investigadores para sostener la acusación por estrago doloso seguido de muerte.
Cámaras, pericias y testimonios sostienen la acusación
En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal López Soto enumeró las pruebas reunidas durante la investigación. Entre ellas figuran declaraciones testimoniales, pericias e informes técnicos de Bomberos, registros de cámaras de seguridad, documentación médica y constancias hospitalarias.
Con esos elementos, el Ministerio Público Fiscal considera que existen fundamentos para llevar el caso a juicio y someter a debate la hipótesis sobre cómo se inició el incendio, la participación que habría tenido cada acusado y las consecuencias del hecho.
La causa ingresa así en una etapa decisiva para esclarecer uno de los episodios más graves registrados en la Alcaidía Judicial de Salta: un incendio que puso en peligro a numerosos detenidos y terminó con la muerte de un joven de 20 años.
