La nómina de cargos docentes y directivos vinculados con la Unidad Educativa N.º 7160 quedó en el centro de la controversia. La denuncia cuestiona la falta de alumnos y de una estructura escolar convencional, mientras la Justicia busca reconstruir cómo se realizaron las designaciones y cuál fue el destino de los recursos públicos. La ministra Cristina Fiore rechaza que se trate de una escuela fantasma.
La investigación por las presuntas irregularidades en la Unidad Educativa N.º 7160 de Salta avanza sobre una pregunta central: ¿cómo se asignaron más de 300 cargos y qué funciones cumplían las personas incluidas en la nómina?
El caso quedó en manos de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), luego de una denuncia presentada por la docente Celia Alancay. La Fiscalía solicitó al Ministerio de Educación documentación sobre la creación, el funcionamiento y la estructura administrativa de la institución, con el objetivo de determinar si existieron irregularidades y un eventual perjuicio para el Estado
Más de 300 cargos bajo la lupa
El núcleo de la denuncia apunta a una estructura que, según la presentación, no tendría edificio propio ni matrícula de alumnos que permita acreditar un funcionamiento escolar convencional. La documentación cuestionada incluiría más de 300 cargos docentes y directivos, además de posibles adicionales e interinatos cuya asignación y prestación efectiva de servicios deben ser verificadas.
La denunciante también cuestionó los procedimientos utilizados para los nombramientos y señaló que entre las personas consignadas habría integrantes de la Asociación Docente Provincial (ADP), familiares y personas vinculadas con el ámbito político. Estas afirmaciones forman parte de la denuncia y no constituyen, por sí mismas, prueba de una conducta delictiva.
La controversia también alcanzó al sur provincial, donde trascendió que entre los nombres mencionados habría personas domiciliadas en Metán y Rosario de la Frontera. La eventual percepción de adicionales y la existencia de superposiciones de cargos forman parte de los puntos que requieren comprobación documental.
La explicación oficial y el trasfondo administrativo
La ministra de Educación, Cristina Fiore, rechazó la caracterización de la institución como una «escuela fantasma» y explicó que la Unidad Educativa N.º 7160 funciona como una herramienta administrativa para reubicar personal de establecimientos que quedaron sin matrícula por cambios demográficos o migraciones internas.
Según la postura oficial, la falta de alumnos en una unidad educativa no implica necesariamente que sus trabajadores hayan dejado de cumplir funciones, ya que el personal puede ser reasignado a otros establecimientos que necesitan cubrir vacantes.
El punto decisivo será determinar si esa explicación se corresponde con los registros de cada designación, los destinos laborales efectivos, las tareas desempeñadas y las liquidaciones salariales.
La Justicia debe establecer si hubo delitos
La investigación busca determinar cómo se creó y organizó la Unidad Educativa N.º 7160, quiénes autorizaron los nombramientos y qué destino tuvieron los fondos públicos asociados a esos cargos.
Entre las hipótesis planteadas en el debate público aparecen posibles irregularidades contra la administración pública. Sin embargo, la información oficial disponible sobre el inicio de la causa confirma que se trata de una investigación en curso, sin que ello implique una declaración de culpabilidad de las personas señaladas.
La documentación administrativa, los registros de personal y las liquidaciones de haberes serán determinantes para establecer si existieron designaciones irregulares, pagos sin contraprestación o responsabilidades individuales.
