La Justicia hizo lugar a la demanda de Elsa Esther Parodi contra Peugeot-Citroën Argentina S.A. y Eurofrancia S.A. La condena incluye la restitución del valor actualizado de un Peugeot 208, indemnizaciones por distintos daños e intereses. También ordenó publicar la sentencia en medios de comunicación.
La Justicia salteña condenó a Peugeot-Citroën Argentina S.A. y Eurofrancia S.A. a devolver el valor actualizado de un automóvil 0 km y pagar una indemnización de $8.499.832,97, más intereses, en el marco de una demanda por defensa del consumidor presentada por Elsa Esther Parodi.
La resolución fue dictada en la causa tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 9.ª Nominación, Secretaría a cargo de la doctora Yesica J. Martínez. La sentencia original, del 5 de mayo de 2025, fue aclarada el 15 de mayo de ese año.
Devolución del vehículo y restitución del dinero
El fallo ordena a ambas empresas responder solidariamente y restituir a la demandante el dinero abonado por la compra de un Peugeot 208 Active 1.6L cero kilómetro, actualizado al valor de mercado del vehículo al momento del pago efectivo, o de uno similar si el modelo hubiera dejado de fabricarse.
A su vez, la resolución tiene por definitivamente devuelto el automóvil, dominio AE885WM, que ya se encuentra en poder de Eurofrancia S.A.
La indemnización supera los $8,4 millones
El monto establecido por la Justicia comprende cinco conceptos:
- $31.832,97 por gastos de services.
- $468.000 por gastos de traslado.
- $1.000.000 por privación de uso del vehículo.
- $2.000.000 por daño moral.
- $5.000.000 por daño punitivo.
La suma asciende a $8.499.832,97 y deberá incrementarse con los intereses correspondientes hasta su efectivo pago, conforme a los fundamentos de la sentencia.
Publicación obligatoria del fallo
La resolución también dispone que, una vez firme la sentencia, su parte resolutiva deberá publicarse durante un día en el Boletín Oficial y en un diario de amplia circulación provincial y nacional. Los gastos de esa publicación estarán a cargo de las empresas condenadas.
El caso se encuadra en una acción de defensa del consumidor y establece obligaciones económicas concretas para las dos firmas demandadas. El cumplimiento de la condena deberá ajustarse a las condiciones fijadas por el tribunal.
