Daniel Espilocín apeló la decisión judicial que otorgó prisión domiciliaria a la madre del menor y fijó solo 30 días de preventiva para su pareja. Cuestionó la fundamentación del juez y advirtió sobre los riesgos procesales y las pruebas incorporadas a la causa.
La investigación por la muerte de un niño de dos años sumó un nuevo capítulo judicial. El fiscal penal Daniel Espilocín apeló la resolución del juez Antonio Pastrana, quien concedió prisión domiciliaria a la madre, de 19 años, y dispuso 30 días de prisión preventiva para su pareja, de 32.
El representante del Ministerio Público Fiscal pidió que ambos permanezcan detenidos durante cuatro meses y solicitó la nulidad de la resolución dictada el 22 de octubre, al considerar que no fundamentó suficientemente las medidas adoptadas.
Las pruebas que cuestiona el fiscal
Espilocín objetó que el magistrado contemplara la posibilidad de que la muerte obedeciera a conductas culposas sin precisar a cuál de los imputados se refería ni qué pruebas respaldaban esa interpretación.
Respecto del hombre, imputado por homicidio agravado por alevosía, el fiscal señaló que la autopsia determinó una insuficiencia respiratoria provocada y registró lesiones en el labio y el cuello. También mencionó estudios de biología molecular que detectaron material genético del acusado en el cuerpo del niño.
En cuanto a la madre, imputada por homicidio agravado por el vínculo, sostuvo que conversaciones extraídas de su teléfono celular indicarían que conocía un episodio anterior de violencia física contra el menor. Según la hipótesis fiscal, habría atribuido luego las lesiones a un accidente mientras el niño jugaba.
Cuestionamientos a las medidas judiciales
El fiscal también cuestionó que se concediera el arresto domiciliario a la mujer sin explicar cómo esa medida neutralizaría el peligro de fuga. Sobre su pareja, advirtió que el vencimiento del plazo de investigación no elimina necesariamente ese riesgo y que la proximidad del juicio podría incrementarlo.
Además, sostuvo que el peligro de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación son riesgos alternativos y no deben concurrir necesariamente de manera simultánea.
Cómo ocurrió el caso
El hecho investigado ocurrió el 22 de junio, cuando la madre trasladó al niño al hospital Papa Francisco. Debido a la gravedad de su estado, fue derivado en código rojo al hospital Materno Infantil, donde ingresó sin signos vitales.
La Fiscalía atribuye al hombre haber provocado la muerte mediante maniobras de asfixia y sofocación, mientras que a la madre le reprocha una conducta omisiva.
Finalmente, Espilocín pidió que se anule la resolución y se dicte prisión preventiva para ambos por cuatro meses, con una nueva audiencia al concluir ese período para evaluar si continúan vigentes los riesgos procesales.
Las imputaciones y los señalamientos fiscales forman parte de una investigación en curso y deberán ser evaluados en el proceso judicial.
