La UDEC amplió y precisó la imputación contra José Luis Gutiérrez Conde por presuntas maniobras que habrían utilizado pagarés cuestionados para impulsar juicios ejecutivos, embargos y hasta el secuestro de un vehículo. La causa se originó en una denuncia de magistrados y ya tiene tres condenados por juicio abreviado.
Una investigación por presuntas maniobras de estafa procesal vinculadas con operaciones comerciales de la concesionaria Las Conde sumó nuevos elementos probatorios y derivó en la ampliación y precisión de la imputación contra José Luis Gutiérrez Conde. La Fiscalía analiza 14 hechos, diez de los cuales ya cuentan con una calificación provisoria más precisa por la presunta falsificación de documentos y el abuso de firma en blanco.
La causa, que expone el presunto uso irregular de pagarés en procesos judiciales, investiga cómo personas que compraron vehículos, solicitaron financiación o actuaron como garantes habrían terminado demandadas por montos o bajo condiciones que aseguran no haber aceptado.
La auxiliar fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), María Eugenia López Ahanduni, intervino en la audiencia por disposición de la fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio. El acusado, asistido por un abogado particular, se abstuvo de declarar.
Pagarés cuestionados, juicios y embargos
Según la hipótesis fiscal, las presuntas maniobras habrían comenzado con operaciones comerciales y continuado mediante la presentación de pagarés en procesos ejecutivos. Los documentos son ahora objeto de análisis para determinar si fueron falsificados o si se incorporaron datos distintos de los acordados originalmente.
Los testimonios de los damnificados permitieron establecer diferencias entre los casos. Algunas personas reconocieron como propias las firmas estampadas en los pagarés, pero desconocieron los importes, las fechas u otras condiciones consignadas. Otras negaron directamente la autenticidad de las firmas.
Para la Fiscalía, esas diferencias resultan relevantes para establecer qué conducta habría ocurrido en cada episodio y cuál sería su encuadre legal.
La investigación también apunta a la presunta utilización de domicilios en los que los demandados no podían ser localizados. Esa circunstancia habría dificultado que tomaran conocimiento de los juicios y ejercieran su derecho de defensa en tiempo oportuno.
Entre las actuaciones examinadas figuran sentencias de ejecución, embargos y el secuestro de un vehículo. La Fiscalía busca determinar la relación de esas medidas judiciales con los documentos cuestionados y con las presuntas maniobras investigadas.
10 hechos con una calificación más precisa
La nueva imputación alcanza a diez de los catorce hechos atribuidos provisionalmente a Gutiérrez Conde:
- Seis hechos: presunta estafa procesal en concurso ideal con falsificación de instrumento privado.
- Cuatro hechos: presunta estafa procesal en concurso ideal con abuso de firma en blanco.
La calificación jurídica de los cuatro hechos restantes será determinada a medida que avance la investigación.
Como respaldo, la UDEC incorporó declaraciones testimoniales, documentación obtenida durante los allanamientos e informes remitidos por el Banco Santander. Ese material permitió precisar las conductas que se atribuyen al acusado, aunque la responsabilidad penal deberá establecerse en el proceso judicial.
Una denuncia de magistrados y tres condenados
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por magistrados del fuero Civil y Comercial que intervenían en procesos ejecutivos. Los jueces habían advertido presuntas irregularidades en expedientes sustentados en pagarés, lo que dio origen a la investigación penal.
El expediente ya tuvo un avance judicial: el 24 de septiembre fueron condenados mediante juicio abreviado el abogado Lucas Ignacio Molinas Grondona, Mirta del Valle López Nogales y Federico Jesús Díaz, por distintos hechos y delitos vinculados con las maniobras investigadas.
Con la nueva precisión de la imputación contra Gutiérrez Conde, la Fiscalía busca delimitar la participación atribuida en cada episodio y determinar cómo se habrían utilizado los documentos cuestionados para promover acciones judiciales y obtener medidas contra los presuntos damnificados.
La investigación continúa abierta y deberá establecer la responsabilidad de cada uno de los involucrados, así como el alcance concreto de los perjuicios ocasionados.
