La Unidad Fiscal Ambiental y la Fiscalía de Estado recurrieron una resolución que incorporó nuevos requisitos para ejecutar las desocupaciones en la reserva salteña. La Corte de Justicia deberá resolver las apelaciones. En paralelo, la Fiscalía informó que cesaron los vertidos de efluentes provenientes de barrios privados de la zona.
La disputa judicial por las ocupaciones en la Reserva Finca Las Costas sumó un nuevo capítulo. La Unidad Fiscal Ambiental, integrada por los fiscales Rodrigo Erazo Schmidt y Federico Jovanovics, consiguió que se rechazara un planteo de nulidad presentado en el marco de un amparo colectivo y, junto con la Fiscalía de Estado, apeló una resolución que agregó requisitos para ejecutar los desalojos ordenados sobre 24 ocupaciones.
Las desocupaciones no fueron suspendidas, pero la discusión sobre las condiciones para llevarlas adelante quedó ahora en manos de la Corte de Justicia de Salta, que deberá resolver los recursos presentados por ambos organismos.
Una disputa por las tierras de la reserva
El planteo de nulidad había sido presentado por una persona que expuso distintas posiciones jurídicas sobre los terrenos: invocó su pertenencia a una comunidad indígena, manifestó su intención de adquirir varias hectáreas mediante la figura de la posesión veinteañal y reconoció haber celebrado un contrato de arrendamiento con la Provincia.
Según lo informado por la Unidad Fiscal Ambiental, durante el trámite del amparo tampoco se acreditó la existencia de actividad comunitaria indígena por parte de quienes invocaron individualmente esa representación.
La controversia se inscribe en un proceso colectivo que tramita desde 2020 y busca proteger un área considerada estratégica por su importancia ambiental y por el aporte de su cuenca hídrica al abastecimiento de una parte significativa de la población.
Ocupaciones posteriores a una orden judicial
La Fiscalía precisó que las medidas de desocupación alcanzan a 24 ocupaciones que, según su planteo, se realizaron sin autorización estatal y después del dictado de una medida cautelar de no innovar.
Esa orden judicial prohibía nuevas ocupaciones ilegales dentro del área protegida y, de acuerdo con la información oficial, había sido notificada en el expediente y señalizada mediante carteles instalados en distintos sectores y accesos a la reserva.
La Unidad Fiscal Ambiental cuestiona que la resolución posterior haya incorporado recaudos que podrían condicionar la ejecución de las medidas. Tanto ese organismo como la Fiscalía de Estado apelaron la decisión, por lo que será la Corte provincial la que determine cómo continúa el proceso.
La Reserva Finca Las Costas es de dominio público estatal y se encuentra protegida por la Ley Provincial 7107. En el amparo, el Ministerio Público Fiscal interviene en representación del colectivo involucrado y supervisa el cumplimiento de las medidas cautelares, además de promover el avance de un plan integral de gestión, preservación y ordenamiento territorial.
