Ante el crecimiento de engaños por redes sociales, WhatsApp y suplantaciones de identidad con inteligencia artificial, el Senado reunió a fiscales y autoridades policiales para analizar dos proyectos. Las iniciativas contemplan alertas tempranas, una línea gratuita de denuncias urgentes, asistencia a damnificados y educación digital obligatoria en las escuelas.
Las estafas virtuales avanzan a través de las pantallas y dejan a su paso cuentas bancarias vaciadas, créditos contraídos sin consentimiento y familias afectadas por maniobras cada vez más sofisticadas. Frente a este escenario, el Senado de Salta comenzó a analizar herramientas legislativas para fortalecer la prevención, detectar nuevos engaños y ofrecer respuestas rápidas a quienes resulten víctimas de delitos digitales.
La discusión se desarrolló este miércoles durante una reunión ampliada de la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional, presidida por Dani Nolasco. Participaron senadores de distintos departamentos, junto con la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo; el director general de Ciberseguridad de la Policía de Salta, Carlos Reyes, y el asesor legal de la Jefatura de Policía, Efraín Garzón.
El encuentro puso el foco en una problemática que no se limita a las falsas promociones comerciales o los enlaces fraudulentos enviados por mensajería. También abarca la suplantación de identidad mediante inteligencia artificial, el acceso ilegítimo a información personal, el grooming y otras conductas que pueden afectar tanto el patrimonio como la intimidad y la seguridad de las personas.
Una línea gratuita y alertas para frenar los engaños
Uno de los proyectos en tratamiento, impulsado por el senador Luciano Elvira, propone crear el Programa Provincial de Prevención, Concientización y Protección contra Estafas Digitales y Fraudes Electrónicos.
La iniciativa plantea establecer una línea gratuita para recibir denuncias urgentes y poner en funcionamiento un sistema de alertas públicas que permita advertir a la población sobre nuevas modalidades de engaño. También contempla la articulación con plataformas digitales y entidades financieras para intentar frenar transferencias fraudulentas antes de que el dinero desaparezca.
Otro de los ejes apunta a brindar asistencia, patrocinio y contención a las personas damnificadas, especialmente a quienes quedan desorientadas después de sufrir una estafa y encuentran dificultades para obtener respuestas de bancos o servicios digitales.
Educación digital desde las escuelas
En paralelo, los senadores analizaron un segundo proyecto que ya cuenta con aprobación de la Cámara de Diputados y propone establecer un marco integral de prevención, concientización y educación frente a las estafas telefónicas y virtuales.
Entre sus principales disposiciones figura la incorporación obligatoria de contenidos sobre uso responsable de las tecnologías y protección de datos personales en la currícula escolar, a través del Ministerio de Educación y Cultura.
La propuesta también contempla la creación de un registro estadístico periódico para reunir información sobre la evolución de estas modalidades delictivas. La intención es contar con datos que permitan identificar tendencias, reconocer nuevas formas de fraude y ajustar las estrategias de prevención en toda la provincia.
Del análisis legislativo a una respuesta concreta
La reunión contó con la participación de los senadores Mashur Lapad, Jorge Soto, Alejandra Navarro, Gonzalo Guaymas, Manrique Burgos, Roque Cornejo, Esteban D’Andrea, Enrique Cornejo, Diego Cari, Daniel Moreno y Luciano Elvira.
El debate legislativo busca articular el trabajo de los organismos de seguridad, el Ministerio Público Fiscal, las entidades financieras y el sistema educativo frente a delitos que cambian constantemente sus mecanismos de captación de víctimas.
Por ahora, las iniciativas se encuentran en etapa de análisis. Su eventual aprobación y reglamentación deberán definir cómo funcionarán las alertas, qué organismo tendrá a cargo su implementación y de qué manera se garantizará la asistencia efectiva a quienes sufran un fraude.
El desafío será convertir las propuestas en herramientas concretas: advertir antes de que se concrete el engaño, facilitar la denuncia y evitar que las víctimas queden solas frente a una pantalla después de perder sus ahorros o entregar involuntariamente sus datos personales.
