La Fiscalía sostiene que durante un allanamiento realizado en San Lorenzo, en agosto de 2011, se habría simulado el hallazgo de un revólver calibre .22 para incorporarlo a la investigación del doble homicidio de las turistas francesas. El procedimiento terminó involucrando a Raúl Alfredo Sarmiento, propietario de la vivienda allanada. Un exintegrante de la Brigada está acusado por dos hechos de falsedad ideológica y otro por su presunta participación en la maniobra.
Una sospecha de extrema gravedad vuelve a poner bajo la lupa uno de los capítulos más controvertidos de la investigación por el doble homicidio de las ciudadanas francesas en la Quebrada de San Lorenzo. Dos exintegrantes de la Brigada de Investigaciones 1 deberán enfrentar un juicio oral, acusados de haber incorporado información presuntamente falsa en documentos policiales durante un allanamiento que terminó con el secuestro de un arma que luego fue vinculada a la causa del doble crimen.
La hipótesis fiscal apunta a una posible maniobra para documentar un hallazgo que, según los testimonios reunidos, nunca habría ocurrido en las condiciones descriptas oficialmente. El episodio se remonta al 4 de agosto de 2011, cuando efectivos policiales ingresaron a una vivienda de San Lorenzo en busca de elementos que supuestamente habían sido robados de una finca.
Los acusados son Walter Omar Mamani, señalado como presunto autor de dos hechos de falsedad ideológica de instrumento público en concurso real, y Juan de Dios Solano, imputado como presunto coautor del mismo delito.
La Unidad Fiscal integrada por los fiscales penales María Luján Sodero, Pablo Paz y Daniel Espilocín fue notificada de la elevación a juicio, luego de que se reunieran testimonios, documentación policial, fotografías, un croquis del procedimiento y pericias balísticas que sustentan la acusación.
El allanamiento que terminó con un arma bajo sospecha
La investigación comenzó a partir de una denuncia por el supuesto robo de distintos elementos de una finca. Según las actuaciones, Mamani impulsó las averiguaciones y sostuvo que los objetos sustraídos habrían sido recibidos y ocultados en la vivienda de Raúl Alfredo Sarmiento.
Con esos argumentos solicitó una orden de allanamiento al entonces Juzgado de Instrucción Formal 2. El procedimiento se concretó el 4 de agosto de 2011 en San Lorenzo, bajo la responsabilidad de Mamani, mientras que Solano, entonces jefe de la División Delitos contra la Propiedad de la Brigada de Investigaciones N.º 1, tenía a su cargo la supervisión de la legalidad del operativo.
Sin embargo, el resultado de la búsqueda de los elementos denunciados como robados fue negativo. No se encontraron los objetos que habían motivado el procedimiento.
Pero el allanamiento terminó con un hallazgo que cambiaría el rumbo de la investigación: un revólver calibre .22, cinco vainas servidas y dos cartuchos sin percutar, que, según el acta policial, estaban enterrados en el jardín de la propiedad.
Mamani habría vinculado inmediatamente esa arma con el doble homicidio de las turistas francesas, al señalar una posible correspondencia con dos proyectiles que, según su intervención, habían sido encontrados en la Quebrada de San Lorenzo.
Los testigos que pusieron en duda el hallazgo
La versión oficial del procedimiento comenzó a ser cuestionada por el propio propietario de la vivienda.
Raúl Alfredo Sarmiento negó que el revólver le perteneciera y aportó un testimonio que se convirtió en uno de los elementos centrales de la acusación. Afirmó haber observado a un efectivo policial cavar un pequeño pozo junto a una higuera, mientras otro colocaba allí un arma envuelta en un trapo.
El relato incorporó un detalle que profundizó las sospechas: tanto Sarmiento como los testigos civiles que presenciaron el allanamiento manifestaron que el arma y el paño que la envolvía no tenían rastros de tierra ni señales de haber permanecido enterrados.
La Fiscalía sostiene que esos testimonios permiten cuestionar la veracidad de lo consignado en las actuaciones policiales y respaldan la hipótesis de que el supuesto hallazgo habría sido preparado para darle apariencia de legalidad a un secuestro que luego tendría consecuencias dentro de una investigación criminal de enorme trascendencia.
Una advertencia que ya había encendido las alarmas
Otro elemento relevante surgió pocos días después del procedimiento.
El 12 de agosto de 2011, el entonces comisario Néstor Eduardo Piccolo presentó un informe en la investigación por el doble homicidio de las ciudadanas francesas. Allí advirtió sobre una circunstancia que consideró llamativa: el sector donde Mamani y otros efectivos habían encontrado los dos proyectiles había sido previamente inspeccionado de manera exhaustiva.
Según lo informado, el lugar había sido rastrillado centímetro por centímetro e incluso se había utilizado un detector de metales, sin resultados positivos.
Esa situación llevó a Piccolo a poner en conocimiento del juez de Instrucción la posibilidad de que los elementos hubieran sido colocados posteriormente para desviar o desvirtuar el curso de la investigación.
La advertencia adquirió especial relevancia al relacionarse con el arma que apareció días después en la vivienda de Sarmiento y que había sido presentada como un posible elemento de conexión con el doble crimen.
La pericia balística y una conexión que no se confirmó
La prueba científica también aportó un dato fundamental para reconstruir el episodio.
La pericia balística realizada en el expediente por el doble homicidio descartó que el arma secuestrada en la vivienda de Sarmiento tuviera correspondencia con el proyectil extraído del cuerpo de una de las víctimas.
El estudio solamente estableció compatibilidad con los proyectiles que Mamani había señalado como encontrados en la Quebrada de San Lorenzo, precisamente aquellos cuya aparición había sido cuestionada por el exhaustivo rastrillaje previo.
De esta manera, el arma no pudo ser vinculada balísticamente con el proyectil extraído del cuerpo de la víctima, aunque su incorporación al expediente tuvo consecuencias directas para el propietario de la vivienda.
Sarmiento terminó siendo sometido a proceso en la investigación por el doble homicidio, a partir de la vinculación de su domicilio con el arma secuestrada.
Dos ex policías, dos imputaciones y una causa que llega a juicio
La acusación fiscal atribuye a Mamani una intervención central en la secuencia investigada. Sostiene que elaboró el informe que vinculó a Sarmiento con los elementos supuestamente robados, impulsó el pedido de allanamiento, dirigió el procedimiento y firmó el acta de secuestro donde quedó asentado el supuesto hallazgo del revólver.
Además, se le atribuye haber confeccionado y firmado un segundo informe posterior, en el que volvió a consignar la aparición del arma en las condiciones descriptas durante el operativo.
Por esos motivos, enfrenta una acusación por dos hechos de falsedad ideológica de instrumento público, en concurso real.
En cuanto a Solano, la Fiscalía sostiene que, como jefe de la División Delitos contra la Propiedad, supervisó el procedimiento y validó mediante su firma y sello el acta que contenía los datos presuntamente falsos sobre el hallazgo.
Su responsabilidad deberá ser examinada en el juicio, donde se determinará si tuvo participación penal en la incorporación de esos datos a la documentación oficial.
Para la Unidad Fiscal, la presunta falsedad de las actuaciones provocó un grave perjuicio a Sarmiento, ya que el arma terminó incorporada a la investigación del doble homicidio y contribuyó a que fuera sometido a proceso.
Con la elevación a juicio, el caso ingresa en una nueva etapa judicial. Allí deberán confrontarse las versiones de los protagonistas, los testimonios de quienes presenciaron el allanamiento, los documentos policiales y los resultados de las pericias.
El interrogante central será determinar si aquella madrugada de agosto de 2011 se produjo realmente el hallazgo de un arma enterrada en el jardín de una vivienda o si, como sostiene la acusación, se trató de una escena montada que terminó incorporándose a uno de los expedientes criminales más resonantes de Salta.
