El SOEMA cuestionó a la gestión municipal por la presunta falta de depósito de descuentos realizados directamente de los sueldos de los trabajadores. La situación ya impacta en los comercios adheridos, amenaza beneficios sociales y genera preocupación por posibles interrupciones en la cobertura del coseguro. El sindicato también puso bajo cuestionamiento las prioridades financieras del intendente.
Un nuevo frente de conflicto se abrió en la Municipalidad de Aguaray, luego de que el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Aguaray (SOEMA) denunciara una deuda de dos meses correspondiente a retenciones salariales que, según sostiene la organización gremial, fueron descontadas de los haberes de los trabajadores, pero no depositadas a sus respectivos destinatarios.
La denuncia encendió las alarmas entre los empleados municipales y los sectores comerciales vinculados al sistema de beneficios. El problema ya tendría consecuencias concretas: se suspendieron nuevas órdenes de compra en los comercios adheridos y existe preocupación por la continuidad de distintas prestaciones, incluido el coseguro, que habría advertido sobre posibles interrupciones del servicio.
El planteo sindical apunta a una situación particularmente delicada: no se trata de salarios que todavía no fueron liquidados, sino de dinero que ya habría sido descontado de los recibos de sueldo y que debía tener un destino específico.
Descuentos realizados, pero sin los depósitos correspondientes
De acuerdo con el comunicado del SOEMA, la Municipalidad acumula dos meses de incumplimiento en el depósito de las retenciones salariales.
La situación afecta directamente a los trabajadores, que ven comprometidos beneficios y servicios financiados mediante esos descuentos. También repercute sobre los comerciantes que participan del sistema de órdenes de compra, quienes quedan expuestos a las consecuencias de una deuda que no generaron.
La suspensión de nuevas operaciones comerciales representa otra señal de alarma, ya que el circuito de beneficios depende de que los fondos retenidos sean transferidos en tiempo y forma.
Cuestionamientos a las prioridades del intendente
Pero el reclamo gremial no se limita a la deuda. También pone en discusión las decisiones administrativas y las prioridades presupuestarias de la gestión municipal.
Desde el planteo difundido se cuestiona que, mientras se argumentarían dificultades económicas para cumplir con obligaciones vinculadas a los empleados, el intendente continuaría incorporando personal mediante contratos, incluso con personas de su entorno cercano.
Este señalamiento abre interrogantes sobre la política de contrataciones, la disponibilidad de recursos y los criterios utilizados para administrar las finanzas municipales.
Si existen restricciones presupuestarias, el sindicato reclama explicaciones sobre por qué no se garantiza primero el cumplimiento de obligaciones que involucran directamente el dinero descontado de los trabajadores.
Una deuda que trasciende el conflicto gremial
El escenario comienza a extenderse más allá de la relación entre el Ejecutivo municipal y sus empleados.
Los comerciantes adheridos también resultan perjudicados por la suspensión de las órdenes de compra, mientras que los trabajadores enfrentan la incertidumbre sobre la continuidad de beneficios y prestaciones que forman parte de su economía cotidiana.
La situación plantea una serie de preguntas que la administración municipal debería responder:
- ¿Por qué se realizaron las retenciones salariales si los fondos no fueron depositados?
- ¿A cuánto asciende la deuda acumulada?
- ¿Cuál fue el destino de los recursos descontados?
- ¿Cuándo se regularizarán los pagos pendientes?
- ¿Qué criterios se utilizan para incorporar nuevo personal mientras existen obligaciones sin cumplir?
Por el momento, el reclamo del SOEMA coloca a la administración municipal bajo presión y deja planteada la necesidad de una explicación pública sobre el manejo de los recursos.
En Aguaray, el conflicto ya no es solamente sindical: compromete el bolsillo de los trabajadores, afecta a los comerciantes y pone bajo la lupa la administración de los fondos municipales. Porque cuando el dinero se descuenta de un salario, la obligación de explicar dónde está y por qué no llegó a destino es ineludible.



