Los gastos de representación se retomaron en octubre y se suman a salarios que superan los $1,2 millones mensuales. Cada edil dispone de una partida individual de $900.000 para viajes, combustible y asistencia social, pero no está obligado a presentar facturas ni justificar públicamente cómo utiliza el dinero.
Una asignación mensual de $900.000 volvió a instalar el debate sobre el manejo de los recursos públicos en el Concejo Deliberante. Desde octubre, los concejales de la ciudad retomaron el cobro de los denominados gastos de representación, una partida que se suma a sus salarios y que pueden administrar sin obligación de presentar comprobantes ni rendiciones de cuentas.
Con un sueldo que supera ligeramente los $1.200.000, cada concejal percibe en total más de $2.100.000 mensuales, entre remuneración y gastos de representación.
El beneficio alcanza a todos los integrantes del cuerpo legislativo, sin distinción de bloques políticos. La asignación es individual, por lo que los dos representantes de La Libertad Avanza disponen, entre ambos, de $1.800.000 mensuales adicionales bajo este concepto.
$900.000 por mes y sin presentar facturas
Los fondos están destinados a cubrir gastos vinculados con la actividad legislativa, como combustible, viajes, pasajes y otras necesidades relacionadas con la función de los ediles.
Sin embargo, el aspecto más controvertido no es solamente el monto, sino la falta de mecanismos obligatorios para controlar su utilización.
Según la información difundida por Spacio TV, los concejales no deben presentar facturas, tickets ni documentación que permita verificar en qué se utiliza el dinero. Cada representante administra libremente los $900.000 asignados.
Tampoco quedó establecido públicamente qué sucede cuando una parte de esos recursos no se utiliza durante el mes: no se aclaró si el excedente debe devolverse o si permanece a disposición del concejal.
Ayuda social, medicamentos y asistencia a instituciones
Desde el Concejo se argumenta que buena parte de estos recursos se destina a responder a las numerosas demandas sociales que llegan diariamente a los despachos.
Entre las colaboraciones mencionadas aparecen la compra de medicamentos, mercadería y boletos de transporte para vecinos con dificultades económicas.
También se señalaron aportes a establecimientos educativos, entrega de yogur y cereales en jardines de infantes y asistencia a estudiantes que necesitan viajar para participar en competencias y actividades fuera de la ciudad.
Los concejales sostienen que estas demandas hacen que, incluso con la partida mensual disponible, los recursos resulten insuficientes para atender todos los pedidos.
El dinero público y la falta de transparencia
Otro punto que quedó sin definición es la posibilidad de establecer mecanismos voluntarios de rendición. Desde el ámbito legislativo se manifestó que no habría inconvenientes en justificar los gastos, aunque hasta el momento no se anunció la implementación de informes periódicos ni la publicación de un detalle de las erogaciones.
La cuestión abre un interrogante sobre los controles y la transparencia en el uso de fondos públicos: si los $900.000 tienen como finalidad cubrir gastos derivados de la representación legislativa, ¿por qué no existe una obligación de informar cómo se utilizan?
La asignación está contemplada en una ordenanza, pero su existencia legal no elimina la necesidad de discutir los mecanismos de control y publicidad de los recursos.
El debate no pasa únicamente por cuánto cobran los concejales, sino también por cómo se administra el dinero de los contribuyentes. Mientras cada edil recibe $900.000 adicionales por mes, los vecinos no cuentan con información detallada para conocer cuánto se gasta, quién recibe la asistencia y qué destino tiene el dinero que eventualmente no se utiliza.



