El Gobierno consiguió dictamen en el Senado para suspender las PASO y busca avanzar con su aprobación la próxima semana. La medida también podría dificultar la interna del peronismo, mientras Massa apuesta a reunir a todos los sectores detrás de una candidatura de unidad.
No es necesario odiarnos. No es necesario usar un lenguaje violento. Hay que ocuparse de los más pobres. Son tres de las observaciones que, hace una semana y a puertas cerradas, el papa León XIV le hizo a Javier Milei.
Milei es un hombre muy espiritual, pero sus dogmas económicos son más fuertes que cualquier religión y lo ubican en las antípodas del Sumo Pontífice. Durante bastante tiempo, se guardó sus respuestas.
El lunes por la noche, en la cena organizada por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), Milei les pidió a los empresarios que se jueguen e inviertan, porque son ellos los que van a sacar el país adelante. Un aparente elogio al sector que, en realidad, encubre una advertencia: son ustedes, los empresarios, y el resto de las personas los encargados de generar recursos; es decir, no esperen nada del Estado. Y el jueves reiteró que no habrá ningún plan de estímulo.
Pero Milei sentía que necesitaba decir algo sobre la justicia social. Sin ser agresivo ni confrontar con el Papa, quería expresarse, y finalmente lo hizo: afirmó que la justicia social (uno de los pilares de la doctrina social de la Iglesia) es “un robo, una estafa, algo moralmente incorrecto”.
Más allá de lo que puedan merecer, como ideas, el liberalismo o la doctrina social de la Iglesia, lo importante es advertir que el Papa y Milei tienen marcos interpretativos antagónicos. Cada uno afirmó lo que pensaba, y lo hizo con tolerancia.
Incluso, hace varias semanas, el Gobierno cedió a los pedidos de la Iglesia y de la oposición y morigeró el proyecto de Ley de Discapacidad, que finalmente fue sancionado por el Senado este jueves. También tomó nota del reclamo del Episcopado para que se sancione la ley de ludopatía, que tiene media sanción de Diputados y que la semana próxima podría perder estado parlamentario. El jueves, la Cámara alta resolvió tratar el proyecto el 26 de noviembre, con o sin dictamen.
Milei no pasa por sus mejores días (los datos de la economía no lo acompañan, y él mismo reconoció que esperaba que fueran mejores) y, para colmo, el jueves la Corte Suprema le dio dos fuertes dolores de cabeza.
En un caso, el máximo tribunal le sacó la causa por la mansión de Pilar vinculada a la AFA al juez federal de Campana, Adrián González Charvay (el preferido de Pablo Toviggino, de muchos jueces federales y de varios hombres del Gobierno), y se la asignó al juez federal Daniel Rafecas.
Es cierto que Rafecas está en trámite para ser designado en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional y que, si se concreta su traslado, dejará su juzgado de Comodoro Py, lo que le permitirá al Gobierno maniobrar para elegir a su reemplazante: su pliego aguarda tratamiento en la Comisión de Acuerdos del Senado. Pero la decisión de la Corte deja en evidencia a todos los que operaron en favor de la impunidad del tesorero de la AFA.
El otro fallo de la Corte fue aún más contundente y golpeó en el corazón de una de las normas centrales de la actual política económica: declaró inconstitucionales dos artículos del decreto de necesidad y urgencia 70/2023.
El Ejecutivo había decidido suprimir la atribución de la Superintendencia de Servicios de Salud de controlar los aumentos de las cuotas de las prepagas y, para hacerlo, incluyó dos normas en ese decreto. La Corte resolvió que esas disposiciones son inconstitucionales porque el Gobierno no justificó las circunstancias excepcionales que le permitían adoptar esa medida mediante un DNU. No le alcanzaba con invocar la emergencia para incluir en un decreto cualquier medida de gobierno, por relevante que fuera. Es un fallo de peso, que puede dar argumentos a otras impugnaciones sobre distintas cuestiones. El Ejecutivo queda expuesto, aunque tal vez pueda usarlo como excusa para poner un tope a aumentos que siempre están por encima del IPC.
La venta de pan cayó un 55 por ciento en los últimos dos años, y la de productos de confitería y pastelería, hasta un 80 por ciento interanual, según datos del sector. Es una muestra más de las penurias que se viven en algunos bolsones urbanos. Es cierto que el Gobierno ya no cuenta con esos votos, pero tampoco debería empujarlos hacia Axel Kicillof.
Las personas recortan todos sus gastos cuando no llegan a fin de mes o cuando, para llegar, tienen que endeudarse con la tarjeta de crédito, aun cuando sea cierto que bajó el nivel de endeudamiento, como había pronosticado el BCRA. Esta semana, Milei volvió a negar que la gente se quede sin dinero el día 20, aunque mostró cierta empatía al reconocer que algunos la están pasando mal. Sin embargo, insistió en que no habrá un “plan platita” para estimular el consumo.
La Iglesia volvió a dar una mala noticia, esta vez a través del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, que conduce Agustín Salvia. Según sus estimaciones alternativas, la pobreza podría alcanzar el 42,4 por ciento, frente al 32,3 por ciento que arrojó la última medición semestral del Indec. El Observatorio advierte que la canasta utilizada en la medición oficial está desactualizada y que, al incorporar patrones de consumo más recientes, como los de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2017/2018, la incidencia de la pobreza resulta considerablemente mayor.
Otro dato: según estimaciones privadas, el ingreso disponible de trabajadores formales y jubilados se encuentra 17 por ciento por debajo de los niveles de 2023, en términos reales. Y un detalle adicional, más delicado aún: en octubre, la Canasta Básica Total (CBT) subió un 3,5 por ciento (39,2 por ciento interanual), bastante más que el 2,2 por ciento del índice de precios al consumidor. Esto significa que el costo de los bienes y servicios necesarios para no caer bajo la línea de pobreza aumentó más que la inflación general.
La economía está amesetada, los salarios pierden poder adquisitivo frente a la inflación y el consumo no remonta.
El martes, el Indec difundirá el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre. El dato permitirá conocer el desempeño de la economía durante el tercer trimestre y podría confirmar que la actividad entró en recesión técnica, es decir, que acumuló dos trimestres consecutivos de caída. Sería una nueva señal de alarma para el Gobierno, que parece lejos de poder consolidar la recuperación económica.
El dato positivo de la semana fue la caída de la inflación mayorista (bajó del 3,2 al 1,6 por ciento), principalmente por la menor suba del petróleo y el gas.
La inflación minorista, sin embargo, tiene una dinámica propia, y todo indica que seguirá en torno al 2 por ciento hasta mediados del año próximo. Los motivos son múltiples: la necesidad del Gobierno de seguir recortando los subsidios a las tarifas, el atraso del dólar respecto de la inflación acumulada y la inercia de los contratos que se ajustan por IPC. Además, con un dólar mayorista que sube, un minorista que se acerca a los $1600 y un contado con liquidación (CCL) presionado, por encima de los $1745, queda en evidencia que aumenta la demanda de los particulares y de las empresas, mientras los exportadores liquidan menos dólares en el mercado oficial. El riesgo país, por encima de los 1000 puntos por primera vez en 13 meses, es un síntoma: hay desconfianza sobre el resultado de las elecciones, y a los operadores no les alcanza con que Milei prometa que no va a devaluar.
Todos los cañones del Gobierno apuntaban a suspender las PASO, y el miércoles el Poder Ejecutivo finalmente consiguió dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Tuvo que negociar hasta último momento, y Patricia Bullrich jugó un rol decisivo: logró quitar del proyecto las listas colectoras, que no terminaban de convencer a muchos gobernadores. Ella misma se encargó de hacerle saber a la prensa que el mérito había sido suyo.
Así, el Ejecutivo dio un paso que considera imprescindible para la reelección de Milei. En primer lugar, porque despejar las PASO elimina la posibilidad de que otro dirigente (léase Bullrich) lo desafíe en una interna.
En segundo lugar, porque le complica al peronismo resolver su propia interna, sobre todo a Kicillof, que necesita ganar una elección para legitimarse frente a Cristina Kirchner. En cambio, la potencial candidatura de Sergio Massa se apoya en su llamado a la unidad y en su capacidad para alinear a todos los sectores. La foto que logró Massa esta semana en San Fernando fue muy potente: reunió a todos los sectores del peronismo, incluidos algunos potenciales candidatos. A todos, menos a Kicillof, a quien se olvidó de invitar.
Y, en tercer lugar, porque elimina el riesgo de que, el lunes posterior a los comicios, los mercados hagan una lectura que complique la economía y al propio Gobierno. El recuerdo de lo que le pasó a Mauricio Macri en agosto de 2019 todavía está muy fresco.
La semana próxima será decisiva para el oficialismo en el Congreso. El jueves 26, el Senado tiene previsto tratar la suspensión de las PASO, mientras que el miércoles 25 la Cámara de Diputados buscará darle media sanción al Presupuesto 2027. Ese mismo día, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, deberá presentarse ante el Senado para brindar su primer informe de gestión. Son tres instancias importantes para un Gobierno que necesita mostrar fortaleza política y capacidad de negociación.
El Presidente, que esta semana volvió a hablarles a los jóvenes, conserva una buena penetración entre los menores de 29 años (que representan el 27 por ciento del padrón), pero pierde apoyos a medida que sube la edad.
Por eso, Milei parece haber entendido que necesita algo más que la suspensión de las PASO: necesita sumar votos y, hoy, no le sobran como para darse el lujo de prescindir de Bullrich. La bravuconada que deslizaban la semana pasada fuentes oficiales (que irían por Bullrich) no se concretó: primó la sensatez. Como decíamos entonces en esta columna, en un escenario polarizado no queda espacio en la franja del medio para ir a buscar los votos que pudiera llevarse la senadora. Por eso, ella puede permitirse seguir desmarcándose del Gobierno y haciéndole advertencias a Milei. El Presidente la reconoció expresamente como “socia”.
Bullrich pidió, una vez más, que la economía llegue a las pymes y a los trabajadores. Y Victoria Villarruel no se quedó atrás: afirmó que sin industria no hay trabajo. Los votos conservadores están inquietos. Sin embargo, no hay que pasar por alto el dato que llega desde la vereda de enfrente: el peronismo está desorganizado, pero empezó a movilizarse con fuerza.
Bullrich pidió, una vez más, que la economía llegue a las pymes y a los trabajadores. Y Victoria Villarruel no se quedó atrás: afirmó que sin industria no hay trabajo. Los votos conservadores están inquietos. Sin embargo, no hay que pasar por alto el dato que llega desde la vereda de enfrente: el peronismo está desorganizado, pero empezó a movilizarse con fuerza.



