El diputado provincial Luis Albeza adelantó en diálogo con Nuevo Diario que presentará un pedido de juicio político contra la auditora general Elsa Pereyra Maidana, a quien responsabiliza por la demora en la polémica auditoría financiera vinculada al Fondo de Reparación Histórica que, cabe recordar se encuentra ya en análisis de una Bicameral especial.
La presentación, según explicó el legislador, será realizada a título personal y no en nombre de su bloque. El planteo apunta directamente a la actuación de Elsa Pereyra Maidana al frente del Área 2 de la Auditoría General de la Provincia, donde permanece el expediente que debe analizar el destino de los fondos provenientes del endeudamiento internacional tomado por Salta en 2011.
La demora “supera cualquier tiempo técnico posible”. “Tenemos dos auditorías encargadas en su momento por el presidente de la Auditoría. Las dos de carácter financiero: una de las obras, de la que ya hablamos demasiado durante este tiempo, y otra vinculada más a los desembolsos, a cómo se fueron aplicando esos fondos”, explicó el diputado. Albeza remarcó que, a diferencia de otros trabajos que requieren inspecciones en territorio, entrevistas, equipos técnicos y análisis de campo, esta auditoría financiera tiene una fuerte trazabilidad documental. “Es una auditoría que tiene alta trazabilidad documental. La podés hacer directamente desde una oficina. No tenés que hacer trabajo de campo, tantas entrevistas ni movilizarte con un equipo grande de ingenieros o arquitectos”, sostuvo. En ese marco, cuestionó que el informe continúe sin una conclusión definitiva pese a que el expediente se encuentra bajo competencia del Área 2 desde la designación de Pereyra Maidana.
Cuatro años
“Desde el año 2022, cuando fue designada esta auditora, la tuvo dentro de su área de competencia y todavía no tenemos una auditoría definitiva. Esto supera cualquier tiempo técnico posible”, afirmó. El legislador comparó el plazo transcurrido con los tiempos habituales de un trabajo contable de estas características. “Si vos encargás este trabajo de auditoría a un estudio contable con cinco o seis profesionales, te lo hacen en seis meses. Ya lleva más de cuatro años aproximadamente y no tenemos una auditoría definitiva”, señaló. La situación volvió a quedar expuesta la semana pasada, cuando la Comisión Bicameral Examinadora de Cuentas reiteró formalmente el pedido de entrega de la auditoría financiera. Ese cuerpo legislativo reclama el informe desde diciembre de 2022, pero hasta ahora la única respuesta oficial fue la existencia de un “informe provisorio” en etapa de notificación a los auditados para que presenten descargos. Para Albeza, esa respuesta no alcanza y agrava el cuadro institucional. “Nos envió una respuesta diciendo que hay una auditoría transitoria y que está circulando a todos los actores involucrados”, indicó. El diputado también planteó que la demora afectó el funcionamiento interno del organismo de control, que por su naturaleza debe actuar como cuerpo colegiado. Según sostuvo, la falta de un informe definitivo impidió que el entonces presidente de la Auditoría General de la Provincia, Gustavo Ferraris, pudiera emitir una eventual disidencia sobre el trabajo. “La demora también impidió que el presidente, en su momento Ferraris, pueda hacer un informe de disidencia sobre esta auditoría, sea cual sea la opinión que ella haya tomado: adversa, favorable o abstención de opinar”, explicó.
Una falta grave
En ese sentido, consideró que el accionar de Pereyra Maidana constituye “una falta grave al proceso de auditoría”, porque la Auditoría General no funciona como un órgano unipersonal. “Es un cuerpo colegiado. Ella tendría que haber sometido la opinión de auditoría al posible informe de disidencia del presidente y darle intervención”, sostuvo. El reclamo se da además en un momento de reconfiguración interna de la Auditoría General de la Provincia. La semana pasada finalizaron los mandatos del presidente Gustavo Ferraris y del auditor Omar Esper. Con sus salidas, permanecen en funciones Marcos Segura Alsogaray, Javier Cancinos y Elsa Pereyra Maidana, quienes cuentan con quórum suficiente para continuar las tareas del organismo.
Para Albeza, la falta de ese informe no solo afecta a la Comisión Bicameral Examinadora de Cuentas, sino al conjunto del Poder Legislativo, que tiene funciones de control sobre las cuentas públicas. “Nos provoca a nosotros, primero a la Comisión Bicameral, la imposibilidad de observar las cuentas generales del ejercicio. Pero creo que a todos los legisladores les está imposibilitando hacer su trabajo, porque el control es función de todos”, afirmó. El diputado sostuvo que la ausencia de una auditoría definitiva perjudica de manera directa la transparencia del Estado provincial y limita la capacidad de la Cámara de Diputados para ejercer su rol institucional. “La falta de este informe nos dificulta tener una opinión y hacer nuestro trabajo. Está perjudicando directamente a la transparencia del Estado y a las funciones de control de toda la Cámara de Diputados”, remarcó.
