La Cámara de Senadores de Salta dio aprobación a un proyecto de ley que introduce modificaciones en el sistema de financiamiento de las remuneraciones de los integrantes del Observatorio de Violencia contra las Mujeres y del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura.
La iniciativa busca establecer con mayor claridad qué organismo debe asumir el costo de los representantes que integran estos espacios institucionales, asignando esa responsabilidad a las entidades que los designan.
En el caso del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, participan representantes del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Universidad Nacional de Salta y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres.
Con la nueva normativa, las remuneraciones correspondientes a los representantes del Poder Ejecutivo, de la Universidad Nacional de Salta y de las organizaciones de mujeres serán financiadas mediante partidas del Ejecutivo provincial. Por su parte, el Poder Judicial, el Senado y la Cámara de Diputados deberán afrontar con recursos propios el pago de quienes actúen en representación de cada institución.
La modificación también alcanza al Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, organismo conformado por cinco miembros remunerados. Dos de ellos son seleccionados por entidades de Derechos Humanos, mientras que los restantes representan al Poder Ejecutivo, al Senado y a la Cámara de Diputados.
En este ámbito, se dispuso que los haberes de los representantes del Ejecutivo y de las organizaciones no gubernamentales sean cubiertos por el Ejecutivo provincial. En tanto, las cámaras legislativas deberán hacerse cargo de las remuneraciones de sus respectivos delegados.
Durante el tratamiento del proyecto, el senador por Orán, Juan Cruz Curá, explicó que los integrantes de ambos organismos acceden a sus cargos mediante concursos públicos y señaló que la reforma apunta a ordenar la asignación de recursos y definir con precisión las responsabilidades presupuestarias de cada institución participante.
La iniciativa forma parte de una serie de medidas orientadas a mejorar la administración de los fondos públicos y brindar mayor previsibilidad al funcionamiento de organismos vinculados a la promoción de derechos y el control institucional.
