Impulsan un proyecto de ley para crear un programa integral contra la violencia digital en escuelas públicas y privadas. Revelan que las agresiones en redes sociales ya son la cuarta problemática más grave en los colegios.
La vibración constante del teléfono en el bolsillo, un mensaje malintencionado que se viraliza en segundos y el sufrimiento silencioso que cruza la puerta del aula. La violencia digital dejó de ser una amenaza abstracta para convertirse en una pesadilla cotidiana que acorrala a miles de estudiantes en el entorno escolar.
Para hacer frente a esta problemática, la Comisión de Educación del Senado de Salta mantuvo un encuentro clave con el Ministerio de Educación para avanzar en la creación del Programa Provincial de Abordaje Integral e Intersectorial de la Violencia Digital, una iniciativa inspirada en la “Ley Ema” de Santa Fe.
La propuesta, presentada por la senadora Alejandra Navarro y analizada junto a legisladores y autoridades educativas, busca establecer un marco normativo único para escuelas primarias y secundarias, tanto públicas como privadas.
Entre sus puntos centrales destacan respuestas unificadas ante casos de cyberbullying, grooming y difusión no consentida de material íntimo; métodos para resguardar evidencia sin vulnerar la privacidad e intimidad de los menores; formación docente obligatoria e institucionalización de la “Semana de la Convivencia Digital” y la coordinación directa entre el Ministerio de Educación y las carteras de Seguridad y Salud Pública.
Diagnóstico en las aulas: la cuarta amenaza
Durante la sesión de trabajo, el secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, expuso la radiografía de la conflictividad escolar en Salta. Según los registros oficiales, la violencia digital escaló de forma alarmante hasta posicionarse como el cuarto tipo de agresión más frecuente en el sistema educativo provincial, ubicándose justo detrás de la violencia verbal, las agresiones físicas con insultos y la violencia física directa.
El funcionario repasó las herramientas normativas vigentes, como la Resolución 546 “D” (que implementa un esquema de denuncia protegida y formularios unificados) y la Resolución 115, que establece la intervención obligatoria de directivos y docentes junto a la corresponsabilidad familiar bajo apercibimiento legal.
Frente a episodios complejos de acoso u hostigamiento, se ratificó el trabajo de la Unidad Promotora de Acompañamiento a la Convivencia Escolar (UPACE), orientada a reconducir la conducta del estudiante y comprometer a las familias antes de disponer modalidades de educación a distancia.
La Comisión de Educación continuará con las rondas de consulta a distintos actores sociales para pulir el dictamen definitivo, con el objetivo de dotar a la provincia de una ley moderna que devuelva la tranquilidad a las aulas y proteja a los jóvenes salteños en el entorno virtual.
