La causa se inició en 2021 y apunta a un asesor jurídico, dos empleados de Archivo y un permisionario de estacionamiento medido. Según la investigación, las actas eran obtenidas dentro del organismo como trámites oficiales y luego vendidas en la vía pública a precios superiores a los aranceles establecidos.
Una presunta maniobra de venta ilegal de actas de nacimiento, matrimonio y defunción volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento interno del Registro Civil. La investigación, iniciada en 2021, avanzó ahora con una audiencia multipropósito de prueba en la que fueron admitidos los elementos ofrecidos por la Fiscalía.
La causa tiene como imputados a un exasesor jurídico del organismo, dos empleados de la oficina de Archivo y un permisionario de estacionamiento medido, acusados de fraude en perjuicio de la administración pública, concusión y asociación ilícita.
La auxiliar fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Eugenia López Ahanduni, representó al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia, mientras que el juez Marcelo Rubio resolvió admitir las pruebas presentadas por la acusación y por una de las defensas.
El circuito de las actas
Según la investigación, la maniobra habría comenzado fuera de las oficinas. El permisionario habría contactado en la vía pública a personas que necesitaban documentación y les ofrecía gestionar las actas a cambio de dinero.
Una vez recibido el pedido y el pago, habría recurrido a sus contactos dentro del Registro Civil para obtener la documentación.
Las actas eran emitidas bajo la modalidad de “trámite oficial”, lo que permitía obtenerlas sin abonar la tasa correspondiente. Después, los documentos eran entregados al permisionario, quien presuntamente los revendía a los interesados por valores superiores a los establecidos oficialmente.
Una estructura con distintos roles
Para los investigadores, no se trataría de episodios aislados. La hipótesis apunta a una estructura organizada y reiterada, con una distribución de funciones entre personas que operaban dentro y fuera del organismo.
El asesor jurídico y los dos empleados de Archivo están imputados como coautores, mientras que el permisionario aparece señalado como partícipe necesario de los delitos investigados.
La causa continúa su avance judicial y será la prueba incorporada al debate la que deberá determinar si la presunta red funcionó de manera sistemática y cuál fue el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados.
