Ante la acción de amparo presentada por la provincia a través de la Fiscalía de Estado, el juez de Garantías 2 hizo lugar a la medida cautelar. Ordenó que mientras dure la emergencia sanitaria, el sistema privado se deberá abstener de derivar automáticamente a hospitales públicos las consultas de afiliados a obras sociales con sintomatologías compatibles con COVID-19.
El fiscal de Estado de la Provincia, Agustín Pérez Alsina presentó una acción de amparo para que las clínicas, sanatorios y hospitales privados tomen todos los recaudos para atender a los pacientes que se presenten con síntomas de la enfermedad del coronavirus.
Ante el requerimiento, el juez de Garantías 2 Ignacio Colombo hizo lugar a la medida cautelar y ordenó que las clínicas, sanatorios y hospitales privados de Salta prioricen la atención de los pacientes con COVID-19, al tiempo de atender las cuestiones médicas esenciales.
Por lo tanto, el sistema sanitario privado se deberá abstener de derivar automáticamente a los hospitales públicos a los pacientes afiliados de obras sociales con sintomatología compatible a coronavirus.
La presentación realizada por la Provincia se enmarcó en la “preocupación del Comité Operativo de Emergencia (COE) por asegurar una utilización optimizada y racional de los recursos médicos disponibles para enfrentar la situación de la pandemia por COVID-19”, ya que se advirtió la recurrencia de situaciones en que las clínicas privadas se mostraron renuentes a atender a personas que padecen el virus, sumado a hechos en que algunas obras sociales (como PAMI), desentienden de sus afiliados. De esta manera y mientras dure la emergencia sanitaria, el sector privado de la salud deberá garantizar una atención solidaria e igualitaria para evitar y prevenir un desborde del sistema, optimizando los recursos existentes.
