Lo confirmaron los abogados que presentaron dos pedidos de jury contra el magistrado Francisco Pisa, quien sobreseyó en 2017 a Mauricio Parada Parejas. La Corte Suprema de Justicia provincial había anunciado que haría una auditoría sobre su juzgado
El juez tucumano Francisco Pisa –que intervino en una de las denuncias que realizó la docente Paola Tacacho en el transcurso de cinco años contra quien fue su acosador durante ese tiempo y este viernes la asesinó a apuñaladas– presentó su renuncia este miércoles por la mañana, luego de que se presentaran dos pedidos de juicio político contra él. Sus denunciantes aseguran que se trata de una “estrategia política” para evitar ser juzgado y reclaman que sea apartado de su cargo.
La información fue confirmada por los abogados Carlos Garmendia, abogado de la fundación María de los Ángeles, y Soledad Deza, abogada de la fundación “Mujeres X Mujeres”. Este martes, la Legislatura de Tucumán recibió dos pedidos de juicio político de un legislador provincial y una organización feminista para que se investigue el accionar del juez Pisa, quien, según apuntaron sus denunciantes, no adoptó las medidas para proteger a la víctima. En simultáneo, la Corte Suprema de Justicia provincial había ordenado ayer una auditoría urgente para analizar el accionar del magistrado, que en 2017 sobreseyó al asesino y archivó la causa en su contra.
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“Me gustaría aclarar que la renuncia es condicionada al otorgamiento de la jubilación, con lo cual, en lo personal, espero que sea apartado de su cargo hasta tanto se le conceda el beneficio jubilatorio porque, si no, esa renuncia le permite continuar trabajando y administrando la misma injusticia que viene administrando hasta ahora, lo cual sería casi una burla”, señaló Deza en diálogo con el canal TN.
“El problema es que la renuncia condicionada al otorgamiento de la jubilación tiene un plazo. En ese plazo él puede continuar al frente del juzgado y precisamente lo que esperamos es que, si bien la jubilación le puede habilitar una salida que le permite esquivar el juicio político, que no lo habilite para continuar ejerciendo el cargo. El Estado tiene potestad por ejemplo para suspender preventivamente, entonces, queremos que se lo aparte de las funciones y que se evite que continúe haciendo daño”, explicó la letrada.
Y agregó: “Lo que es peor, es que acogerse a los beneficios de la jubilación a través de una denuncia condicionada suspende los términos del juicio político. Es una estrategia política que pone toda la burocracia estatal al servicio de quien es denunciado y nos aleja de la búsqueda de justicia”.
