En el marco de la investigación que se sigue por la muerte de una mujer y su hija menor de edad en el interior de un inquilinato de calle San Luís al 400, se abrió decreto de imputación contra el propietario del inmueble, al comprobarse que, en interior del lugar, las instalaciones de la red de gas, eran clandestinas y no cumplían con las normas de seguridad mínimas.
El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, investiga la muerte de Lilia Angélica Pawly y de su hija Delfina Luz Anita Pawly, ocurrida en el mes de mayo de este año en el interior de un inquilinato ubicado en calle San Luis al 400 de esta ciudad.
El hecho fue descubierto el 17 de mayo ante los olores nauseabundos que reportaban otros habitantes del inquilinato y dentro de la habitación que permanecía cerrada, encontraron a madre e hija sin vida.
El informe de autopsia reveló que ambas fallecieron el 15 de mayo por intoxicación por monóxido de carbono.
Al momento del hallazgo de los cuerpos y ante la presunción de que la muerte se podría haber producido por un escape de gas, se dio intervención a la empresa Gasnor y áreas específicas de la Policía de la Provincia para determinar cómo se produjo la muerte de ambas mujeres.
Con el resultado de las tareas investigativas, se pudo determinar que las víctimas ocupaban una habitación con dos ambientes, donde había una cocina, un calefón y una estufa conectadas a la red de gas natural y que las conexiones internas eran precarias y sin autorización de la empresa prestataria. Tampoco había un sistema de ventilación que cumpliera con las medidas de seguridad requeridas.
Con los testimonios recibidos y los informes técnicos pertinentes, el fiscal Torres Rubelt decidió abrir decreto de imputación por el delito de homicidio culposo para el propietario de la vivienda ubicada en San Luis al 400, donde funciona un inquilinato, por su actuación negligente, que ha generado una situación de riesgo real y cierto al realizar una conexión de gas clandestina, que, como tal, no contaba con los recaudos mínimos necesarios de seguridad, de acuerdo a las pautas vigentes, siendo tal proceder inadmisible en virtud del deber legal de cuidado que le era exigible como propietario del inmueble que le fuera dado a las víctimas en carácter de inquilinato.
La audiencia de imputación de esta persona se concretará la próxima semana en sede fiscal.
