El caso Abigail fue un punto de inflexión para demostrar el despropósito de cerrojos provinciales, donde lo inhumano y la falta de sentido común son elocuentes.
El coronavirus, en esto, no tiene nada que ver. El virus es invisible y es potencialmente mortal. Pero no fue la peste quien impuso en la República Argentina un confinamiento obligatorio en todo el país, reglamentado por el Estado, que duró meses, y que sigue aun aplicándose de modo confuso en territorios supuestamente que hoy ya están liberados del aislamiento gubernamental.
Fueron los gobernantes los que dictaminaron cómo, cuándo, por qué y de qué manera se transita en medio de la pandemia del Covid por un país libre de fronteras internas pero partido por discreción de la política. Desde que la Casa Rosada decretó el aislamiento, en marzo pasado, en varias provincias se reglamentaron métodos burocráticos para permitir el ingreso a esos distritos mediante diferentes requisitos.
La eficacia de esos supuestos planes sanitarios pronto produjeron situaciones que fueron denunciadas como violaciones de derechos constitucionales e incluso de derechos humanos garantizados por la Constitución Nacional. Lo dijo la Corte Suprema de Justicia en el caso de los “varados” de Formosa.
Pero la situación excede a esa provincia. Desde hace meses, múltiples víctimas de la cuarentena singular impuesta por cada provincia denunciaron abusos por parte de autoridades policiales, políticas, o de intendentes. Lo documentaron asociaciones de Derechos Humanos (sobre todo, con sedes centrales en el extranjero) y jueces, fiscales y dirigentes de la oposición.
El último caso que grafica como pocos la discresionalidad y las consecuencias que genera la “Argentina Partida”, con fronteras provinciales que en rigor no existen de acuerdo de la legislación nacional, fue la imagen del padre de la niña Milagros Abigail, quien salió desde Santiago del Estero para llevar a su hija a tratarse un cáncer en Tucumán. En el viaje de vuelta a su casa, un control policial en una ruta santiagueña le impidió el paso.
La niña lloraba. Volaban moscas a su alrededor. El padre y la madre se desesperaron ante la prohibición de seguir camino que le ordenó un agente policial. “Me voy a llevar a mi aunque sea caminando”, dijo él, de acuerdo a un video que registró la escena. “¡La quiero llevar a casa!”, gritó la mamá, Carmen. La escena del papá llevando a Milagros Abigail caminando por una ruta con su hija en brazos, desoyendo el freno ordenado por la policía conmovió al país. Pero no así al gobierno de Santiago del Estero, al mando de Gerardo Zamora.
La nena tiene 12 años.
En lugar de dar explicaciones de por qué la familia de Abigail fue detenida en los límites entre Santiago y Tucumán, a pesar de que tenía permiso para transitar debido al tratamiento oncológico que se le aplica a la niña en esta segunda provincia, los funcionarios santiagueños intentaron descalificar a ese padre desesperado.
El ministro de Gobierno de Zamora, Marcelo Barbur, dio a entender en declaraciones oficiales que Diego Jiménez intentó montar una especia de escenografía con su desgracia filmada: “El hombre no quiso esperar la autorización del Comité de Emergencias y se largó a cruzar el control caminando”.
Y agregó, de modo sorpresivo, buscando minimizar el hecho y una imagen que ya es simbólica de la cuarentena en las provincias: “Caminó 70 metros y se sentó en un banco de un kiosco”. Y siguió atacando a las víctimas de la niña enferma. Dijo que circulaban “en un auto alquilado por la Municipalidad de Las Termas. Cuando se los detiene en el control, no tenían la documentación correspondiente”.
El funcionario argumentó “que normalmente lo que se hace es consultar con el Comité de Emergencia (COE)”: “A los 20 minutos ya estaba la autorización, porque la consulta es inmediata. Cuando el COE emitió la autorización, ellos ya habían ingresado caminando”.
¿Qué está pasando en la Argentina de la cuarentena?
¿Por qué se impuso en varias provincias una “política de la crueldad” para con sus propios habitantes? ¿Por qué el ataque de los funcionarios de Santiago del Estero a Jiménez y su hija enferma de cáncer?
¿Importa cuánto caminó por la ruta con su hija en brazos, si es que es cierto que lo hizo por 70 metros?
¿Por qué debía esperar la respuesta del COE santiagueño ante el estado de salud de su hija si tenía permitido salir de su provincia hacia Tucumán justamente porque en su ciudad no tiene las instalaciones de salud adecuadas para curarla?
No hay una clínica apropiada en su localidad para tratar su cáncer, y cuando su familia se movilizó hacia Tucumán luego no lo dejaron entrar.
La política de la crueldad de Santiago del Estero fue remarcada por el ministro Barbur: “Cuando salieron a la mañana no mostraron ningún tipo de documentación y cuando volvieron, no tenían registrado por qué se habían retirado de la provincia”. Y siguió en la misma línea: “La policía no tiene conocimientos médicos como para hacer un diagnóstico de los puestos; la policía consulta al Comité de Emergencia y en menos de 20 minutosse autoriza el ingreso”.
Está dicho: la política de la crueldad se impone en provincias gobernadas desde hace lustros o décadas como la Santiago del Estero de los Zamora.
La Constitución Nacional asegura el derecho a la circulación por toda la República Argentina.
¿Cómo es posible que un funcionario explique que los policías no podrían diagnosticar un cáncer en esa niña que lloraba ante un freno inexplicable entre una provincia y otra en la que no existen las fronteras desde la Constitución Nacional de 1853?
Según fuentes de la oposición de Santiago del Estero, durante la cuarentena estatal en esa provincia la policía detuvo a 25 mil personas por supuestamente no cumplir con el aislamiento social obligatorio.
Algunas fueron demoradas por horas. Otras por días.
El diputado nacional de la Coalición Cívica Rubén Manzi realizó un trabajo de investigación sobre la violación de los Derechos Humanos en confinamiento que se dieron en las provincias del norte argentino.
Leer ese informe hiela la sangre.
Los gobernadores instalaron el miedo en la población, frenaron la entrada y salida de sus distritos, obligaron a la ciudadanía a realizarse pruebas de Covid negativos para poder ingresar a los territorios que controlan con mano férrea. La política de la crueldad. Un padre levanta en brazos a su hija enferma de cáncer y camina por una ruta porque un policía decide que no puede volver a su casa. Miles de varados que viven en Formosa esperan la autorización para entrar a sus casas durante meses, muchos de ellos viviendo en el monte, alimentándose a pesca y caza. Medioevo.
Familias enteras obligadas a cumplir aislamientos en hoteles determinados por los gobiernos.
Ninguna de esas políticas sanitarias parecen haber servido para frenar la expansión de un virus que terminó contagiando a 1.359.042 argentinos. Murieron 36.790 personas.
La política de la crueldad de los gobernadores menos afines a la alternancia democracia y la transparencia en la gestión sirvió solo para generar terror e injusticias.
Y no salud.
