Tal como se preveía, el Juez Federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, dispuso el cese de la prisión preventiva impuesta al ex intendente Jorge Enrique Prado, uno de los 11 imputados que tiene la investigación penal que se lleva adelante desde febrero pasado por el robo de caños del Gasoducto GNEA.
En remplazo, y en vista del éxito de las medidas probatorias llevadas adelante en Aguaray, el fiscal general Eduardo José Villalba, quien está al frente del caso, solicitó que se impongan otras medidas de coerción en contra de Prado a fin de garantizar el cumplimiento de testimoniales que restan recibirse.
Villalba, de esta manera, cumplió con el compromiso tomado respecto al plazo de la prisión preventiva del ex intendente, la cual se había dispuesto, en una primera etapa, hasta el 6 de diciembre. Luego, sin embargo y dado los nuevos elementos probatorios reunidos al comenzar a la toma de testimoniales en ese municipio, el fiscal solicitó una extensión, la cual fue fijada por el juez Montoya hasta el 18 de diciembre.
En víspera del cumplimiento de este plazo, y dado que la testimoniales tomadas revelaron otros aspectos que fundamentan la hipótesis criminal del caso, el fiscal solicitó una medida de prohibición de acercamiento para que Prado no pueda presentarse en las instalaciones de la Municipalidad de Aguaray.
A ellas se sumaron otras más, como el compromiso de colaboración con la justicia y evitar cualquier acto que entorpezca la investigación penal, la prohibición de salir del país y comunicarse, cada 15 días, con la fiscalía a cargo del caso.
