Bajo el título “Los Derechos Humanos de los salteños y salteñas no deben ser vulnerados por el Estado”, la Fundación Volviendo a Casa emitió un documento de repudio a las expresiones del ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Manuel Pulleiro, en contra de la fiscal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke. Al documento adhirieron numerosas organizaciones intermedias sociales y políticas.
El comunicado
Ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia denunciaron graves conductas de violencia institucional perpetradas por personal de las fuerzas policiales de Salta. Todos los denunciantes han sido víctimas o testigos de delitos de privación ilegítima de la libertad, allanamiento ilegal, vejaciones agravadas por la violencia, tortura entre otras graves violaciones a los derechos Humanos.
Al respecto, repudiamos las expresiones públicas en este contexto del militar retirado Juan Manuel Pulleiro, actual Ministro de Seguridad, quien manifestó que la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simensen de Bielke, actúa con animosidad al investigar a sus subordinados.
Las declaraciones de Pulleiro, no hacen más que obstaculizar la investigación que lleva adelante la fiscala por estos hechos aberrantes que vulneran los derechos fundamentales de las personas víctimas del personal policial a su cargo y en el ejercicio de sus funciones,
La violencia institucional hunde sus raíces en un pasado histórico reciente, que la sociedad y el Estado repudian en forma unánime.
Las fuerzas de seguridad reproducen con autoritarismo e impunidad las practicas represivas del terrorismo de Estado, tales como la tortura, allanamiento sin orden judicial y privación ilegal de la libertad. Esas fuerzas, creadas para la protección de los ciudadanos y el resguardo de los derechos fundamentales no se han democratizado y prefieren actuar en contradicción con la ley y la ética.
Cada funcionario policial es responsable primario de la violencia institucional en que incurre. Pero es el Estado quien debe dar respuesta en términos de prevención, detección, y castigo de este tipo de violencia. Si el ministro de Seguridad convalida o ampara la ilegalidad, su responsabilidad en estas prácticas violentas no solo es política, sino también penal.
Es necesario desmontar la actual estructura que reproduce estas prácticas de inequidad, ilegalidad absoluta, para que no queden impunes. Por eso:
1-Solicitamos que no se ampare ni se proteja a los responsables de estos hechos lesivos a la dignidad humana, por parte del Ministerio de Seguridad y que se deje trabajar y actuar con la debida diligencia a la fiscal Dra. Simensen de Bielke.
2-Pedimos que el Estado Provincial ponga de inmediato en funcionamiento el Comité contra la Tortura, como órgano de contralor, seguimiento y de protección a los derechos humanos de los ciudadanos salteños.
3-Asimismo se investigue, se sancione a los autores de estos delitos y se dé una reparación adecuada a las víctimas de violencia institucional.
4- Consideramos perentorio y urgente la capacitación en buenas prácticas en materia de Derechos Humanos tanto para el titular del Ministerio de Seguridad como para toda la fuerza policial de Salta.
Fundación Volviendo a Casa|
